PSOE e IU tratan de zanjar la crisis abierta tras el desalojo de familias
Ambas formaciones muestran su voluntad de mantener el pacto en Andalucía.
Susana Díaz interviene en el Parlamento de Andalucía.
Los socios del Ejecutivo andaluz mantuvieron hasta última hora la negociación para intentar reconducir la crisis provocada por el realojo de una veintena de familias okupas desalojadas de una corrala el pasado domingo. Aunque ambas formaciones expresaron su voluntad, tanto en Andalucía como a través de las direcciones federales, de no romper su pacto de Gobierno, lo cierto es que durante todo el día fueron incapaces de acercar posturas sin que ninguno quede desautorizado en un tema, el de la vivienda pública y su función social, que además han enarbolado como seña de identidad para esta legislatura.
La presidenta del Ejecutivo, Susana Díaz, fue tajante ayer durante la sesión de control en el Parlamento. «Haré lo que tenga que hacer para actuar dentro del marco de la ley, de la igualdad y de la justicia social», señaló para recordar que frente a los recortes del Ejecutivo central Andalucía ha puesto en marcha otra manera de hacer las cosas «dentro de la ley». Un mensaje a las claras dirigido a sus socios, a los que durante toda la jornada trataron de convencer de que realojar a las familias de la corrala suponía saltarse los turnos de quienes esperan también vivir en un piso de protección oficial.
Desde IU, sin embargo, insistían en la cobertura legal de su actuación, defendiendo que además de lo que determina la ley de función social de la vivienda, existe un «mandato judicial imperativo» dictado por el juez que ordenó el desalojo de la corrala en el que conmina a las administraciones públicas a dar una respuesta de urgencia a los afectados en riesgo de exclusión. Así, la coalición de izquierdas no cesaba de repetir que el realojo en las escasas viviendas públicas que le quedan a la Junta, ofrecido a parte de las familias, o en alquileres del mercado libre era una medida «temporal» y «excepcional».
El desencuentro se remonta al pasado miércoles. Ante la negativa del Ayuntamiento de Sevilla de realojar a las familias, la Consejería decidió asumir el realojo. Los servicios jurídicos de la Junta expresaron su disconformidad al entender que se saltaban las listas de espera y les podían acusar de prevaricación. El PSOE, con la presidenta Susana Díaz a la cabeza, se opuso a cualquier medida que no pasara por el respeto escrupuloso a la ley, pero IU, desoyendo a sus socios, decidió a última hora de la noche entregar las llaves a las familias acampadas.
El golpe de mano de Díaz llegó de inmediato en forma de decreto con la retirada parcial de competencias a la Consejería de Fomento y Vivienda, cuya titular está de viaje en el extranjero, y dio la orden de abrir una investigación interna. Una reacción que desde IU consideraban excesiva para la gravedad de los hechos, aunque desde la formación de izquierdas no ocultaban que de oficializarse el decreto, que estuvo todo el día en la mesa de la presidenta sin publicarse en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y por tanto sin efecto, podría romperse el acuerdo que sustenta el Gobierno regional. La propia Díaz reconoció que si se recobraba la legalidad, revocaría el decreto.