Rajoy condiciona el diálogo a que Mas renuncie al referéndum independentista

El Gobierno no responderá a las llamadas de diálogo lanzadas por Artur Mas desde Cataluña hasta que el presidente de la Generalitat no renuncie al referéndum sobre la independencia, rechazado este martes en el Congreso por el 86% de los diputados. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, lo dejó claro tras la reunión del Consejo de Ministros: «Que clarifique su posición», exigió. Una vez celebrado el debate sobre la transferencia de las competencias sobre referendos en la cámara baja, el Ejecutivo sostiene que es el gobernante autonómico el que debe mover ficha.

Mariano Rajoy siempre aspiró a que el debate del pasado martes sirviera como punto de inflexión para un debate que lleva más de dos años en escalada continua. Esperaba que la respuesta «abrumadora» de la cámara baja sobre la inconstitucionalidad de una consulta ayudara, en palabras de uno de sus asesores, a que CiU «bajara de la nube» para entablar conversaciones sobre asuntos que permitan hacer frente a algo que, sostienen, es un problema entre administraciones y no entre pueblos. Pero ni esa es la lectura de la Generalitat ni parece que vaya a renunciar a su propósito de tomar el pulso a la voluntad de lo ciudadanos catalanes de lograr la independencia. El pulso sigue.

Mas sopesa ahora convertir las elecciones autonómicas en un plebiscito. Y el Ejecutivo no objeta nada en contra de la legalidad de su propósito solo que deja claro el nulo alcance jurídico de lo que, en principio, prevé el dirigente nacionalista. «Las elecciones -subrayó Sáenz de Santamaría- son lo que son y están para elegir a los representantes de los ciudadanos». Dicho de otra manera, que no tendrían carácter vinculante sobre cuestiones concretas.

El Ejecutivo se afana así por dejar claro que no hay resquicio posible para una consulta sobre la independencia. «Abandonen toda esperanza», viene a ser el mensaje. Porque incluso la vía de la reforma constitucional, apuntada por el propio Rajoy durante el debate parlamentario del pasado martes, nace muerta porque ni el PP ni el PSOE aprobarían nunca una Constitución que reconozca el derecho de secesión -ninguna Constitución en el mundo lo hace-, y porque, aunque nadie pretendiera ir tan lejos, el Gobierno no tiene ninguna intención de embarcarse en un proceso tan fatigoso.

«Una reforma de la Constitución -alegó la vicepresidenta- debe ir precedida por un acuerdo político. Para que tenga éxito hay que implicar a un número de actores que se sientan reprensentados en las distintas posiciones y tiene que haber un mínimo común». Su tesis es que ese mínimo común no existe.

En todo caso, la número dos del Gobierno negó que haya faltado por su parte disposición al diálogo.