Diario de León

Los órganos fiscalizadores denuncian falta de recursos para atajar la corrupción

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paula de las heras | madrid
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«El principal déficit de España es el de la rendición de cuentas». El veredicto del director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Benigno Pendás, no pudo ser más categórico. Fue el primer experto llamado a comparecer ante los grupos parlamentarios del Congreso para analizar qué medidas legales permitirían poner coto de manera eficiente a la corrupción, considerada ya por los españoles el problema más grave del país tras el paro, y lo hizo con un discurso poco apto para la rápida digestión de una ciudadanía cabreada. Dejó claro que es necesario reforzar los controles, y sobre todo advirtió de que, más que leyes que endurezcan las penas, lo que hace falta es «agilizar la respuesta procesal» frente a los delitos, pero también llamó a abrir una reflexión tan poco popular como la de si no sería bueno que los políticos españoles tuvieran salarios más jugosos, como en otros países europeos.

Lo cierto es que ninguno de los grupos presentes -faltaron PNV, ERC, UPyD, buena parte del Grupo Mixto a excepción de Amaiur y, en esta primera comparecencia, Izquierda Unida- se sumaron a este planteamiento, por otro lado tangencial dentro de su discurso, salvo Convergència i Unió, que siempre ha llevado la voz cantante en ese debate. Otra cosa es que, en general, aplaudieran la segunda pata de esa idea. Pendás afirmó que es importante que los ciudadanos asuman que «financiar a los partidos en democracia es contribuir al buen funcionamiento de la misma» y abogó por la financiación pública, lo que no deja de ser llamativo si se tiene en cuenta que él es el principal asesor en materia de buenas prácticas políticas de un Gobierno que ha recortado las subvenciones a los partidos durante dos ejercicios.

En todo caso, lo común de su comparecencia con las otras dos celebradas ayer -la del fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, y el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez Miranda- es el análisis de que en la lucha contra la corrupción no solo hace falta cambiar leyes sino que son precisos más recursos.

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