legislación
El juez Pedraz se vuelve a rebelar contra la reforma de la justicia universal
Se niega a cerrar el sumario sobre el genocidio denunciado en Guatemala.
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz.
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, se negó primero a cerrar la muerte del periodista español José Couso en Irak y ahora lo ha hecho con el genocidio contra el pueblo guatemalteco, en el que fallecieron siete españoles.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número uno se ha vuelto a rebelar así contra la reforma por vía de urgencia llevada a cabo por el Partido Popular en el Congreso, que limita a la mínima expresión la aplicación de la jurisdicción universal. En su auto, el magistrado justifica que la nueva ley solo permitiría juzgar a los responsables por terrorismo y por los asesinatos cometidos contra españoles. Pero añade que el resto de delitos, es decir, la lesa humanidad, las torturas y el genocidio son conexos y eliminarlos de la causa desvirtuaría los hechos.
Según Pedraz, «un juez investiga hechos, no delitos», y defiende que la Ley Orgánica del Poder Judicial, que regula la jurisdicción universal, faculta a los magistrados a perseguir delitos conexos, por lo que a su entender está legitimado para continuar con la citada investigación.
Esta causa surge por la querella presentada en 1999 por la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú. Denunció que entre los años 1978 y 1986 el gobierno guatemalteco practicó un genocidio sistemático contra la población maya, provocando alrededor de 250.000 víctimas entre los indígenas. También fueron asesinados siete españoles, tres en el asalto a la embajada española en Guatemala el 31 de enero de 1980 y otros cuatro sacerdotes tiroteados en 1980 y 1981. Entre los imputados figuran el exgeneral golpista Efraín Ríos Montt.
Reivindicación
Juristas y expertos internacionales reivindicaron ayer el papel de la jurisdicción universal como herramienta contra la impunidad y al servicio de los intereses de los ciudadanos, frente a la limitación de este principio jurídico que ha supuesto la reforma aprobada en España.
En la primera jornada del I Congreso ‘Jurisdicción Universal en el Siglo XXI’, que se celebra esta semana en Madrid -organizado por la Fundación Fibgar-, los ponentes han abogado por introducir cambios que amplíen las competencias de los tribunales en materia de justicia universal, para no claudicar ante los intereses políticos y económicos de los Estados.
Ésta ha sido la línea defendida por la mayoría de los intervinientes en el congreso, que ha inaugurado el único fiscal vivo de los juicios de Nuremberg (Alemania) Benjamin B Ferencz.
En su discurso, Ferencz, de 94 años, ha abogado por «reafirmar los principios universales de que éstos son crímenes contra todos», independientemente de las fronteras, pese a que, ha añadido, «habrá muchos Estados que se opondrán a ello».
«Tiene que haber un cambio en la jurisdicción universal porque todos los ciudadanos tienen derecho a la paz», ha señalado el único fiscal vivo que participó en los juicios por crímenes de guerra de Nuremberg que procesaron a 22 oficiales de las SS nazis tras la Segunda Guerra Mundial.
En este sentido, España y la reforma aprobada por el Gobierno que limita la aplicación de la justicia universal ha acaparado las principales críticas.
El ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha destacado la «unanimidad» de los jueces de este tribunal al afirmar que la interpretación que realizan es contraria a lo que pretende la ley, que «es cerrar los casos y no investigar». «La rebelión de los jueces es general», ha añadido.
En este sentido, ha criticado al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, por «desconocer» lo que significa la justicia universal y al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, por la interpretación de conceptos «absolutamente grave» en relación a este principio jurídico.