El Gobierno asegura que no se podrá demandar al rey actual por sus actos

El Gobierno quiso ayer dejar muy claro que don Juan Carlos no podrá ser perseguido ni llevado ante los tribunales por hechos o actuaciones de cualquier clase realizados durante sus 39 años como rey de España una vez deje de ser jefe del Estado y, por lo tanto, pierda la inviolabilidad que le otorga el artículo 56.3 de la Constitución.

El Ejecutivo, a través de la vicepresidenta, salió al paso del debate legal, en el que incluso han terciado las asociaciones de jueces, sobre si la inviolabilidad de don Juan Carlos solo le blinda a futuro contra demandas ante los tribunales que pidan responsabilidades por sus actos oficiales como rey, los que obligatoriamente fueron refrendados por miembros del Gobierno, o si lo hace también contra cualquier actuación de esa etapa, incluidas las personales y de la vida privada. La mayoría de los expertos considera que la falta de responsabilidad del monarca es total, pero no es una cuestión pacífica.

Soraya Sáenz de Santamaría no tuvo dudas desde la mesa de ruedas de prensa del Consejo de Ministros sobre el alcance del mandato constitucional que dice: «La persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad». Aseguró que «la inviolabilidad por el ejercicio de su cargo durante el tiempo que ha sido rey permanece» tras la abdicación. «Es decir -insistió-, uno deja de ser inviolable a futuro, pero no recupera la responsabilidad por las actuaciones anteriores».

La interpretación del Gobierno, que está avalada por la Abogacía del Estado, fue un aviso a navegantes para las personas u organizaciones que ya han realizado o anuncian que plantearán denuncias o pleitos contra don Juan Carlos una vez que deje la corona por hechos de su etapa como jefe del Estado.

El Ejecutivo, no obstante, consciente de que su mensaje no va a frenar algunos intentos de llevar al monarca ante los tribunales una vez de que deje el trono el próximo 19 de junio, tiene intención de impulsar con urgencia una reforma legal que garantizará, al menos, que la admisión o no de esas denuncias o pleitos, o el enjuiciamiento de los hechos si es que fuese pertinente, no le corresponderá a un magistrado o sala de primera instancia sino al Tribunal Supremo. Una medida a la que el jueves pasado le urgió un portavoz de la Casa Real con el elocuente objetivo, dijo, de «evitar disparates».

Un abogado murciano, José Luis Mazón, ya ha pedido a la Audiencia Nacional que persiga al rey por la vía penal como presunto máximo responsable de la trama que ejecutó el golpe de Estado del 23-F; en el pasado varias personas también trataron de que los jueces aceptasen demandas de paternidad contra don Juan Carlos, pleitos que podrían resucitar ahora; algunas organizaciones además han adelantado que pedirán que se investigue el origen del patrimonio del monarca y algunas operaciones empresariales o financieras en las que pudo participar a título particular.

Específica y exprés

Sáenz de Santamaría indicó ayer que el Gobierno tiene estudiado el asunto, e incluso elaborada la ley orgánica con la que ejecutará la reforma, pero se negó a desvelar por el momento la fórmula, alcance y plazos.

Sin embargo, si el Ejecutivo quiere evitar que don Juan Carlos tenga que responder por cualquier demanda ante los juzgados ordinarios en el menor plazo posible solo tiene un camino. Un movimiento que le permitiría tener aforado al ex jefe del Estado ante el Supremo solo un mes después de que dejase el trono.

La Moncloa tendría que renunciar a introducir el cambio junto el resto de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que tiene en marcha, pero que tardará aún muchos meses en ser aprobada, y a hacerlo mediante una norma específica y tramitada en las Cortes con la máxima urgencia y mediante el sistema de lectura única en pleno que seguirá para ratificar en dos semanas la ley de abdicación.