La Audiencia archiva el caso Tíbet y Falun Gong por la justicia universal
. Tras la reforma del Gobierno aprobada en marzo no se cumplen los requisitos para investigar estos casos.
El pleno de la Audiencia Nacional ha archivado las causas del presunto genocidio en el Tíbet y la persecución a los seguidores del grupo Falun Gong en ese país porque tras la reforma de la justicia universal aprobada en marzo no se cumplen los requisitos para investigar estos casos en España.
Según fuentes jurídicas, los magistrados del pleno de la Sala de lo Penal del tribunal han decidido archivar estas dos causas con nueve votos favorables y siete en contra, aunque aprobaron continuar con la investigación de la muerte de Bay Hamdai Bugema, supuestamente atropellado por un furgón policial en un asentamiento en El Alaiún (Sahara Occidental), ya que España sigue siendo de derecho la administradora de este territorio.
En cuanto a los casos del Tíbet y de Falun Gong, el pleno los archiva porque no se cumple ninguno de los requisitos que contempla la reforma de la justicia universal para estos delitos: los ocho querellados no son españoles ni residen en España, ni se denegó su extradición por parte de las autoridades españolas.
Constitucionalidad
Los siete magistrados que se han mostrado en contra de archivar estos dos casos, que investigaba el juez Ismael Moreno, dudaban de la constitucionalidad de la reforma y por ello querían enviar estos casos al Tribunal Constitucional para que decidiera si va en contra de los preceptos de la Carta Magna.
El pasado 10 de febrero, Moreno ordenó la busca y captura para su detención e ingreso en prisión incondicional de cinco exdirigentes chinos, entre ellos el ex presidente Jiang Zemin, por genocidio, torturas y lesa humanidad en relación a la represión en el Tíbet, una causa que según críticos con la reforma fue el detonante de que el Gobierno limitase la aplicación de la justicia universal. Moreno investigaba también la muerte entre 1999 y 2002 de seguidores de Falun Gong, práctica espiritual prohibida por China en 1999, al estimar un recurso de ese movimiento y después de que en 2006 el Tribunal Supremo ordenara a la Audiencia Nacional instruirlo.