El PSOE se debate entre candidatos con más diferencias personales que políticas

Los militantes del PSOE, algo más de 197.400 según el último censo publicado, tendrán el próximo domingo la oportunidad de elegir por primera vez en la historia del partido a su próximo líder mediante el voto directo en urna y no a través de delegados como era tradición.

La disputa —incierta en la medida en la que, en pura teoría, las bases están menos condicionadas por los aparatos de los partidos y por sus intereses personales que quienes son elegidos para un cónclave ortodoxo— se dirimirá entre el diputado Pedro Sánchez, desconocido hasta hace poco para el gran público pero bregado durante años en trabajos internos a las órdenes del ex vicesecretario general, José Blanco; Eduardo Madina, que tras descartar concurrir al 38 Congreso de Alfredo Pérez Rubalcaba y Carme Chacón, decidió prepararse para la siguiente cita, las primarias abiertas, y José Antonio Pérez Tapias, decano de la Facultad de Filosofía y Letras en Granada y miembro de la corriente minoritaria Izquierda Socialista, el más rompedor en su discurso y el único que tiene claro que solo opta a dirigir la formación pero no a ser candidato a la presidencia del Gobierno.

Las diferencias entre Sánchez y Madina, los dos aspirantes más avalados en la fase previa de este proceso, son más de personalidad y de formación que de programa: uno es doctor en Economía (publicó recientemente su tesis) y el otro profesor asociado de Historia Contemporánea. Pero tampoco es del todo extraño que discrepen poco en cuestiones de fondo o que apenas defiendan propuestas propias.

Los dirigentes del PSOE entienden que de lo que se trata ahora es de poner rostro a la «renovación ideológica» que ya quedó aprobada en la Conferencia Política celebrada en noviembre y a la que se pretendió dar carácter histórico, en realidad, con poco éxito. Fue allí donde se apostó por una reforma constitucional que, entre otras cosas, trate de resolver las tensiones territoriales y compense, con el blindaje de la educación y la sanidad públicas, por la reforma exprés del artículo 135 que en 2011 convirtió en dogma ineludible el principio de estabilidad presupuestaria.