El posible pacto de medidas regeneracionistas se aleja
Gobierno y oposición se lanzan a la cara sus casos de corrupción.
El presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, durante una de sus intervenciones ayer.
La posibilidad de que Gobierno y oposición cierren el próximo otoño un pacto de Estado con medidas para la regeneración democrática de las instituciones y la mejora de la lucha contra la corrupción parece cada vez más lejana. Mariano Rajoy insiste en que en septiembre abrirá un diálogo con todos los grupos del Congreso para tratar de acordar las leyes de reforma de la financiación de partidos y de refuerzo del Tribunal de Cuentas, el nuevo estatuto del alto cargo, el endurecimiento del Código Penal y otras propuestas de última hora, como la elección directa de alcaldes o la reducción del número de aforados, pero la oposición le responde con señales más negativas cada día.
Las objeciones de fondo, de las que participan tanto PSOE como IU, UPyD y el PNV son principalmente dos. Consideran que los casos Bárcenas y Gürtel y la financiación irregular no reconocida por el PP, así como otras posibles corruptelas que salpican al partido en varias comunidades, restan toda credibilidad a sus propuestas y que, en el fondo, el presidente del Gobierno se ha puesto al frente de la manifestación regeneradora solo para tratar de minimizar la factura electoral que le pueden pasar los escándalos propios en las votaciones de 2015, de la que recibió el primer aviso serio en las europeas.
De hecho, la última sesión de control al Gobierno del curso político terminó ayer en el Congreso en las antípodas del pacto. Acabó con Rajoy y los socialistas a ambos lados de la trinchera, predicando la mutua desconfianza y lanzándose sus respectivos casos de corrupción a la cara.
La ayer portavoz socialista, Soraya Rodríguez, le dijo al presidente del Ejecutivo que no haber asumido responsabilidades políticas por el caso Bárcenas le quita toda «credibilidad» para liderar paquetes de regeneración democrática. De igual manera, cree que su propuesta de asignación de la alcaldía a la lista más votada no busca mejorar la calidad de la democracia sino que solo refleja «miedo a perder el sillón, el de algunos municipios y también el de Génova 13 ( la sede nacional del PP), pagado con la caja B del partido».
La portavoz, que anticipó que el PSOE no va a respaldar la reforma de la ley electoral que sugiere Rajoy, le advirtió de que espera que ante la ausencia de apoyos políticos para pactar la medida no se atreva a cambiar las reglas del juego electoral ocho meses antes de los comicios municipales con los únicos votos del PP.
El presidente del Gobierno, sin entrar en los argumentos de tacticismo electoral, se reafirmó en que la elección directa de alcaldes es una propuesta regeneradora e «irreprochablemente democrática» y mostró su extrañeza ante el rechazo de los socialistas porque llevaban el cambio legal en su programa electoral de 2004.
Tras fijar este punto, Rajoy pasó al ataque y dio a entender que si quieren impulsar medidas regeneradoras tendrán que obviar los casos de corrupción pasados, que no afectan solo al PP.