Alaya urge a la Junta a definir las ayudas pagadas durante la etapa de Griñán
. . Da dos días a la administración para completar datos sobre 2011 y 2012, cuando ya se había cambiado el sistema .
Mercedes Alaya, la juez que instruye el caso de los ERE fraudulentos en Andalucía, ultima los flecos de la investigación y apremia a la Junta de Andalucía a que concrete los pagos de ayudas sociolaborales supuestamente irregulares realizadas durante la última etapa de José Antonio Griñán, los años 2011 y 2012. De esta manera, vuelve a poner bajo sospecha el mandato de éste, ya que entiende la juez que el nuevo sistema de concesión seguía sin ajustarse a la legalidad para este tipo de ayudas. La macrocausa abarca ya 12 años y alcanza los 200 imputados.
En un auto notificado ayer, Alaya emplaza a la Junta de Andalucía a que aporte antes del fin de semana la relación de ayudas concedidas durante ese periodo con cargo a la famosa partida 31-L (denominada ‘fondo de reptiles’ por el ex director general de Trabajo de la Junta Javier Guerrero), la fecha de pago y las resoluciones por las que fueron otorgadas. Alaya ya había realizado esta petición con anterioridad, no con tanta urgencia, pero ahora quiere completar la documentación y concretar los pagos que llevaron a cabo durante 2011 y 2012. Un periodo en el que la investigación del caso ya estaba en marcha (empezó en 2010), y en los que la Junta siguiendo las recomendaciones del entonces interventor sustituyó el supuesto procedimiento inadecuado para dar las ayudas (las transferencias de financiación, implantado en 2001) por la encomienda de gestión, con más controles pero que la juez tampoco considera adecuado.
De hecho, ya en julio de 2012 la entonces consejera de Presidencia Susana Díaz recordó a la juez Alaya dicho cambio de sistema, por lo que decía «no compartir las dudas» sobre la legalidad de las ayudas de esos dos años.
La decisión de Alaya y su premura para exigir la información confirma que cada vez está más cerca el momento en que la juez de carpetazo a la instrucción, e incluso eleve al Tribunal Supremo la parte de la causa referida a los cargos públicos aún aforados, entre ellos el propio ex presidente Griñán, sobre el que estrecha aún más el cerco al implicar de nuevo a uno de sus más cercanos colaboradores.