Los símbolos franquistas resisten a la ley de la Memoria Histórica en España
La ONU recuerda la obligación de renombrar las calles referentes a la dictadura.
Siete años después de su aprobación, la Ley de la Memoria Histórica mantiene una larga lista de tareas pendientes. La primera de ellas es aún la de localizar, exhumar y entregar a sus familias las decenas de miles de españoles que, 65 años después la conclusión de la Guerra Civil y 39 desde el fin de la dictadura, permanecen sepultadas en fosas comunes de cementerios o cunetas de carretera secundarias.
Según la investigación que llevó a cabo el ex juez Baltasar Garzón en la causa del franquismo, 114.226 personas desaparecieron entre 1936 y 1951 a causa de la represión llevada a cabo por el régimen, un número que las asociaciones de la memoria histórica consideran por debajo de la realidad.
Desde el año 2000 se han recuperado los restos de cerca de 6.000 de los asesinados. De estos últimos, 2.800 fueron exhumados en el antiguo cementerio malagueño de San Rafael, donde se calcula que se produjeron 4.400 ejecuciones
El artículo 11 de la Ley de la Memoria Histórica establece que «las administraciones públicas, en el marco de sus competencias, facilitarán a los descendientes directos de las víctimas que así lo soliciten las actividades de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil o la represión política posterior y cuyo paradero se ignore».
Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, mantiene que la entrada en vigor de la ley no supuso avance alguno.
El pasado julio un contundente informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas puso de relieve esta realidad.
El documento valora que, desde el retorno de la democracia, «se han dado pasos importantes aunque tímidos para asegurar la verdad, la justicia, la reparación y la memoria frente a las desapariciones forzadas durante la Guerra Civil y la dictadura».
No obstante, el equipo de la ONU recuerda que, de acuerdo con el derecho internacional que ha suscrito España, el Estado debe asumir una responsabilidad y «un rol de liderazgo» en la recuperación de las personas desaparecidas.
Para solucionar la actual situación, Naciones Unidas lanzó una serie de recomendaciones entre las que se encuentra «adoptar, a la mayor brevedad posible, un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas».
Aunque el informe fija un plazo de 90 días para que España proponga un calendario, esta iniciativa no tiene carácter vinculante, con lo que no se podrá imponer ningún tipo de sanción en caso de que el Gobierno no atienda al requerimiento de la organización mundial.
Falta de subvenciones
Uno de los mayores problemas que se presenta para la búsqueda y exhumación de los represaliados es la falta de fondos. Mientras estuvo en el Gobierno el PSOE otorgó subvenciones a la memoria histórica por valor de unos 25 millones de euros.
Silva recuerda que a ellos ese dinero les permitió «contratar a dos o tres personas y actuar de una forma más ágil». Pero las últimas ayudas llegaron año 2011.
En abril de 2012 el Ministerio de Presidencia se comprometió a que el Gobierno del Partido Popular mantendría las subvenciones a la memoria histórica aunque éstas se destinarían sólo a la exhumación de fosas. Sin embargo, a pesar del anuncio, la partida para ese fin fue eliminada en los presupuestos de 2013.