Europa denuncia graves deficiencias de la cooperación española contra el crimen

Voluntarismo y poco más. El informe del Consejo de la Unión Europea sobre el funcionamiento en España de Eurojust, la oficina transnacional de cooperación en la lucha contra el crimen internacional, es muy duro. Bruselas habla de descoordinación entre las propias instituciones españolas; de infrautilización de los recursos; de la falta de preparación lingüística de jueces, fiscales y policías; de la pérdida de comisiones rogatorias; o del retraso del Gobierno en poner en marcha los cambios legislativos prometidos. El Consejo solo salva a la Audiencia Nacional y a las investigaciones sobre terrorismo.

El vasto informe, de 108 páginas y desclasificado el pasado jueves, es tajante: la ayuda judicial y policial internacional que brinda España a sus socios depende, en buena medida, de la implicación «personal» de algunos funcionarios, no del esfuerzo del Estado o las instituciones. «La cooperación con Eurojust parece funcionar en la práctica gracias a las redes personales y a la implicación de los interesados», apunta el dossier.

Vulnerables

La UE se queja abiertamente de que el «carácter diversificado del ordenamiento jurídico español» y «la falta de poderes reales» de la oficina de Eurojust en Madrid, que debe coordinar el intercambio de información, hace que la «cooperación» policial y judicial entre España y el resto de Europa «siga pareciendo vulnerable».

Si algo funciona, explica Bruselas, es por la voluntariedad de un puñado de agentes y jueces. «La Oficina española funciona de modo muy profesional a pesar de lo limitado de los recursos y de la enorme carga de trabajo», sobre todo porque España recibe muchísimas comisiones rogatorias. Así, denuncia el informe, el trabajo de Eurojust en España básicamente es triste: «la recuperación de comisiones rogatorias no ejecutadas a falta de un sistema de registro central único de todas las comisiones rogatorias entrantes».