El juez Ruz pone bajo sospecha la campaña de Cospedal del año 2007
Imputa al ex alcalde de Toledo por conceder una contrata a cambio de un donativo.
La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal.
Las sombras de sospecha se ciernen cada vez más densas sobre la campaña electoral de 2007 de María Dolores de Cospedal, en su primera intentona para presidir el Gobierno de Castilla-La Mancha, objetivo que lograría cuatro años después. El juez Pablo Ruz imputó ayer a José Manuel Molina, ex alcalde de Toledo y antecesor de Cospedal como candidato popular a la presidencia del Ejecutivo regional.
Molina declarará el 24 de noviembre por su papel en la adjudicación en 2007 de un contrato de basuras a la empresa Sufi, filial de Sacyr, que se realizó supuestamente a cambio de una donación de 200.000 euros para financiar la campaña de la actual secretaria general del PP. Las pruebas son la declaración de Bárcenas en sede judicial de julio de 2013 y la veracidad de un recibí del ex tesorero firmado por el gerente del PP de Castilla-La Mancha, José Angel Cañas, imputado en esta pieza separada de la caja B. La policía ha analizado toda la ejecución del contrato, así como las modificaciones y las actuaciones posteriores desarrolladas por el nuevo ejecutivo municipal del PSOE cuando ya era alcalde García Page.
Ruz citó como testigos para el mismo día al actual alcalde de la ciudad y secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, al diputado y hasta 2008 responsable de Organización del PP, Sebastián González, y al entonces viceinterventor del Ayuntamiento de Toledo, Francisco Javier Sánchez Rubio.
Molina era alcalde de la ciudad cuando se aprobó una modificación del contrato que, según la Intervención General del Estado, supuso un sobrecoste de 11,3 millones de euros y no siguió los requisitos legales. El juez le acusa de los delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.
Participación
En un auto, Ruz apunta que todos ellos participaron en la concesión del contrato en alguna de sus fases, según la reconstrucción de los hechos efectuada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, que ha analizado la adjudicación partiendo de «las entregas de dinero en efectivo por 200.000 euros efectuadas por Bárcenas a Cañas».
El juez concretó que Molina participó en la Junta de Gobierno en la que se ratificó el contrato y especificó que otro de los citados, Sebastián González, cercano al ex ministro Ángel Acebes, imputado en la caja B, fue la persona que presuntamente habría trasladado el interés por parte de Cospedal de plantear «un tema relacionado con el señor Molina y algo relacionado con Toledo», según Bárcenas.