Diario de León

La Diputación frenó el plan energético al que aspiraba la trama

El contrato millonario sumaba el suministro eléctrico de 68 municipios.

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No aparece León en la red de adjudicaciones de Cofely puesto que la Diputación Provincial decidió al final abortar el plan que tenía previsto lanzar durante el último trimestre de este año. Sobre la mesa quedó la carpeta en la que se exponía el negocio planteado por la administración provincial para la mejora de la eficiencia energética de 68 municipios de los 208 menores de 20.000 habitantes: aquellos que decidieron adherirse de forma voluntaria. La propuesta, basada en la auditoría realizada por una empresa de servicios eléctricos, pasaba por sacar a concurso en un sólo paquete el suministro de energía de todos estos pueblos para un tiempo de 13 años, con capacidad de ampliar a un máximo de 15. Los ayuntamientos, que se adherían uno a uno, tenían que pagar la factura de energía ofertada, que se fijaba alredecdor de un 3% por debajo de la actual. Mientras, la empresa adjudicataria debía con este dinero pagar no sólo al suministrador, sino además correr con los gastos de renovación, mantenimiento y mejora de la eficiencia. Su beneficio se calculaba a partir de los ahorros en los consumos que lograba conforme entraban en funcionamiento los nuevos equipos: un margen creciente con los años que hace muy rentable para estas sociedades la contratación con las administraciones. Pero no salió.

Sin adjudicación, León no aparece en ninguno de los 42 contratos de eficiencia energética vinculados a Cofely, la empresa del conseguidor David Marjaliza, que investiga la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil dentro de la Operación Púnica. No hay referencia en la documentación que revela que la multinacional se hizo, tan sólo en lo que va de este año, cuando ya estaba investigada, con nueve grandes compromisos por valor de 114.402.405 euros. Una red de adjudicaciones firmadas todas por administraciones gobernadas por el PP: el Gobierno central, los Ministerios de Agricultura y de Fomento, ayuntamientos madrileños, como Móstoles, Collado-Villalba y Valdemoro, y los Ejecutivos autonómicos de Ignacio González en Madrid y María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha No se para ahí, por ahora, el trabajo de los agentes de la Benemérita, los inspectores de la Agencia Tributaria y los funcionarios de la Intervención Tributaria, que además rastrea contrataciones con los ayuntamientos de Madrid capital o del Prat de Llobregat, de los gobiernos autonómicos de Galicia o el País Vasco, y de otras instituciones como la Universidad de Valladolid, el Consorci Auditori Orquestra o el Consejo Insular de Mallorca. Ahora queda delimitar qué casos tiene delito.

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