Diario de León

OPERACIÓN PÚNICA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Las escuchas del móvil y los correos electrónicos cercaron a Barazón

Unas vacaciones de Carrasco en Marbella, claves para contactar con una de las empresas implicadas

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León

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Las escuchas telefónicas y los correos electrónicos son las principales claves que sustentan la imputación y detención del presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón, en la trama de corrupción de la operación Púnica que investiga el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.

Fuentes consultadas por este periódico aseguraron ayer que la institución provincial mantiene un contrato con Eico, consultoría de asesoramiento y estrategia de imagen. Se trata de una de las empresas involucradas en la operación Púnica a la que las arcas del Palacio de los Guzmanes paga entre 30.000 y 40.000 euros anuales, repartidos en mensualidades por su labor como asesora de la imagen corporativa, promoción de la Diputación fuera de la provincia, diseño de imagen con proyección mediática y otras labores propias de este campo.

Fue la presidenta de la institución durante prácticamente siete años, Isabel Carrasco, la que conoció los trabajos de esta empresa a través de otras instituciones donde estaba prestando el mismo servicio. Contactó con la firma valenciana durante unas vacaciones en Marbella. Allí coincidieron y decidió relanzar la imagen de la Diputación y la suya propia para darse a conocer fuera de León contratando sus prestaciones de asesoría.

Las mismas fuentes explicaron que fue el vicepresidente primero en esa etapa y mano derecha de ella, Marcos Martínez Barazón, quien firmó el contrato con esta empresa, ahora bajo la lupa de la Audiencia Nacional.

Su rúbrica en este documento, además de conversaciones grabadas por la UCO desde enero, relacionadas con la intención de firmar nuevos contratos con alguna de las empresas implicadas en la trama, son las que llevaron al juez Eloy Velasco a imputar y ordenar la detención de Martínez Barazón. En el registro de su despacho durante la mañana del lunes, los agentes pusieron especial énfasis en intervenir el ordenador personal del presidente para recuperar todo el tráfico de correos electrónicos, así como aquellos documentos y comunicaciones que pudieran incriminarle con la empresa Eico, propiedad de Alejadro de Pedro Llorca, uno de los dos conseguidores de la trama corrupta.

Entre los contratos que no llegaron a cuajar, pero de los que sí pudo haber intercambio de documentación y compromisos verbales, está el de eficiencia energética diseñado por la Diputación para cerca de setenta municipios. Precisamente, una de las empresas de la Operación Púnica, Cofely, está especializada en gestión de eficiencia energética, un servicio que está prestando a varios de las instituciones implicadas en esta trama.

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