El otoño se presenta especialmente agitado en los juzgados de Andalucía
La supuesta financiación irregular de UGT-A puede llevar al banquillo a sus dirigentes .
La jueza Mercedes Alaya tiene un especial protagonismo en estos procesos.
La declaración judicial del que fuera responsable de Formación Ocupacional de la Junta de Andalucía, Teodoro Montes, a principios del mes pasado, ha permitido encarrilar la instrucción sobre el uso de los fondos que el Gobierno andaluz destinó a cursos de formación para desempleados en la región con mayor tasa de paro. En el punto de mira se sitúa de nuevo la Consejería de Empleo, foco de los grandes escándalos de corrupción que se investigan en Andalucía, y la laxitud de los controles que debió poner para controlar el dinero público. La instrucción de este caso se prevé compleja y con un recorrido mayor que la trama de los ERE fraudulentos, a la que sustituirá en los titulares durante este otoño a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie acerca de la imputación o no de los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Relacionado con ambos casos, la supuesta financiación ilícita de UGT Andalucía llevará ante el juez a los líderes de los últimos quince años.
Es el melón sin calar aún, aunque los primeros auguran que superará las dimensiones de los ERE, ya que la policía está interrogando a 3.000 personas por toda Andalucía -entre alumnos, profesores, empresarios y funcionarios- para corroborar si hubo o no cursos y cómo se impartieron entre 2009 y 2011.
El caso saltó de forma paralela en Málaga, donde en julio se produjeron 42 detenciones, y en Cádiz, donde entre los nueve arrestados en agosto figura un ex consejero andaluz, Ángel Ojeda, que montó un entramado para ofertar cursos subvencionados. A partir de las denuncias de alumnos y un informe de la Cámara de Cuentas, la Fiscalía remitió el caso a todas las provincias, y ahora hay 18 causas abiertas.
Entre ellas, está también la de la juez Mercedes Alaya, quien ya investigaba unos cursos realizados por UGT a través del conseguidor de los ERE Juan Lanzas. En el reparto de Fiscalía le tocaron además las pesquisas por los 49 millones de euros sin justificar detectados por la Cámara de Cuentas en la extinguida Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe). Con estos mimbres, Alaya abrió una nueva causa y en julio de este año imputó de nuevo al ex consejero andaluz de Empleo Antonio Fernández, al que acusa de exonerar ayudas por 950 millones de euros.
Después de cuatro años de investigación el caso de los ERE acumula casi 230 imputados, a la mitad de los cuales se les han impuesto fianzas civiles que rondan los 3.000 millones de euros.
El caso de la financiación ilegal de UGT acumula una veintena de imputados acusados de delito contra la Hacienda Pública en su modalidad de fraude en subvenciones y de falsedad documental.