El Gobierno exige a Mas que no fuerce al ciudadano a decidir si incumple la ley

Artur Mas no quiere riesgos y ha depositado la responsabilidad de gestionar la consulta del 9-N en los voluntarios. El Gobierno catalán se reserva el papel de «impulsar y amparar» la votación, pero en la fase final «los protagonistas» serán las organizaciones civiles. Delegación de funciones que irritó al Gobierno de Mariano Rajoy, cuya vicepresidenta instó al presidente de la Generalitat a no forzar a los ciudadanos a vulnerar la ley. Soraya Sáenz de Santamaría, sin embargo, no aclaró qué medidas piensa tomar el Ejecutivo si el gobernante catalán ignora los repetidos avisos que se le han lanzado.

Dos horas duró la reunión del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir y allí, según alguno de los asistentes, nadie puso reparos al paso al costado de Mas. El presidente de ese foro, Joan Rigol, en una enrevesada explicación posterior explicó que el Gobierno de Cataluña «ampara» la votación del 9-N, pero «la ejecución» de la votación y el escrutinio de las papeletas quedará en manos de los 40.000 voluntarios, de los que unos 6.000 son funcionarios. «El Gobierno (catalán) -dijo- ya ha hecho su trabajo», ahora es el momento de las organizaciones civiles. Se refería, básicamente, a la Asamblea Nacional Catalana y a Òmnium Cultural, los dos motores ciudadanos del proceso.

Mas hizo suya de esta manera la sugerencia del ministro de Justicia, Rafael Catalá, de que si la consulta está organizada por entidades civiles para ellas no rige la suspensión del Tribunal Constitucional porque se trataría de un ejercicio de libertad de expresión. Lo que no ocurriría si es el Gobierno catalán el que está al frente de la logística de la votación.

Mas y su equipo pretenden de esta forma quedar al margen del requerimiento del Constitucional para suspender el «proceso participativo» del 9-N, que, a juicio del tribunal, no es más que una consulta encubierta.

El presidente de la Generalitat, una vez más, se cobija en la ambigüedad retórica para hacer como que no hace. Y ambigüedad por ambigüedad, el Gobierno de Rajoy redobló el tono de sus advertencias, pero sin aclarar qué medidas tomará si sus admoniciones se desoyen. Sáenz de Santamaría preguntó al gobernante catalán «qué más necesita» para, primero, cumplir la ley para que los ciudadanos no se vean impelidos a vulnerarla por su dejación de responsabilidades.

La vicepresidenta sostuvo tras la reunión del Consejo de Ministros que, por no dar él la cara, Mas «está forzando a los catalanes a incumplir la ley». Ante esta situación, exigió que no se coloque a «ningún funcionario ni un responsable público y ni un solo ciudadano»ante la situación de tener que tomar el domingo decisiones que les puedan generar «la más mínima intranquilidad» sobre si están cumpliendo o no la ley.