Donaciones restringidas y plazo tope para la instrucción judicial
El plan que llevó el Gobierno al Parlamento modifica más de media docena de leyes para adoptar al menos 70 medidas por la transparencia, la regeneración democrática y contra los corruptos. En esencia son las mismas anunciadas ya en varias ocasiones, pero tiene algunas novedades. Entre ellas está la limitación a 50.000 euros en las donaciones de particulares a partidos, hasta ahora eran de 100.000, y la obligación de comunicar al Tribunal de Cuentas cualquier aportación superior a 25.000, que además deberá publicarse con nombre en la web de la formación.
El bloque de la financiación recoge desde el inicio la prohibición de todas las donaciones de empresas u organismos, medida que no afecta a sus fundaciones, y de condonación de créditos o de autorización de condiciones mejores que las del mercado por parte de los bancos.
Otra de las novedades es que quien vaya a ser nombrado alto cargo de la administración deberá acreditar que no tiene deudas con el fisco. La medida está en el nuevo estatuto del alto cargo.
Una tercera novedad se da en la reforma del Código Penal, que aumentará el plazo de prescripción de los delitos graves vinculados a la corrupción hasta 15 años. Los cambios introducirán el delito de financiación ilegal de partidos y endurecerán las penas de inhabilitación en otros, como la malversación, la prevariación, el cohecho o el tráfico de influencias.
La cuarta novedad se da en el bloque que pretende agilizar los procediminetos penales, evitando los macroprocesos, facilitando la recuperación del botín del corrupto y poniento un plazo máximo a la instrucción judicial. El ministro de Justicia deberá enviar un informe y comparecer cada seis meses en el Congreso para explicar la concesión y denegación de indultos.
Las reformas, que también refuerzan juzgados, la Fiscalía y la Agencia Tributaria y revisan la contratación pública, olvidan, sin embargo, la prometida reducción del número de aforados y la limitación del aforamiento.