La fiscalía esgrime la doctrina Botín para no juzgar a la infanta Cristina

La tinta del extenso escrito de acusación del fiscal estaba aún húmeda cuando Miquel Roca, el abogado de Cristina de Borbón, anunció que, después de meses negando que su cliente se hubiera enriquecido con los negocios ilícitos y fraudes de su marido, la hermana del rey aceptaba pagar los 587.413 euros de responsabilidad civil que le reclama Anticorrupción por ser responsable «a título lucrativo» de los delitos fiscales en 2007 y 2008 de Iñaki Urdangarin.

Una maniobra, según admitió sin ambages el propio Roca, encaminada no tanto a reparar el daño, como exige la ley para buscar eximentes, sino a evitar que su cliente se libre del banquillo. Y eso —entiende el letrado— porque el pago de esa cantidad «deja extinguida su responsabilidad civil simultáneamente a la penal». Algo que, ni mucho menos, queda claro, porque el anuncio de que la hermana de Felipe VI se aviene a restituir —en su nombre y en el de su marido— el dinero que Hacienda dejó de ingresar más la correspondiente multa no convence a la acusación popular. Aunque ni Anticorrupción ni la Abogacía del Estado —representante de Hacienda— le imputan delito penal alguno, Manos Limpias sí que reclama ocho años de cárcel a la duquesa como cooperadora necesaria (no solo beneficiaria) de los dos delitos fiscales de su cónyuge. Y el sindicato no está dispuesto a dar su mano a torcer, más allá de rebajar un máximo de dos años a la infanta por haber intentado reparar el daño, aunque sea de forma tardía.

La Agencia Tributaria sostiene que dejó de ingresar 182.005 euros de IRPF de Iñaki Urdagarin en 2007 y 155.138 euros en 2008 porque el imputado no declaró sus trabajos personales de asesoría a multinacionales sino que los tributó a través de Aizoon, la empresa que comparte con la infanta, para lograr un tipo impositivo mucho menor.

El futuro procesal de la hija de don Juan Carlos, por tanto, estará en manos del juez José Castro, quien pretende dictar el auto de apertura de juicio oral antes de finales de este año. En ese documento, que solo es recurrible por las acusaciones y no por los imputados, el magistrado decidirá si considera que el pago de esos 587.413 euros —que según Roca la todavía imputada pagará con unas «pólizas» que tiene hace «mucho tiempo»— es suficiente para eximir a la infanta del banquillo o si, por el contrario, la mantiene como imputada con la única acusación de Manos Limpias y descartando, por ende, la aplicación de la denominada doctrina Botín.

Esta última decisión, la de que la hermana del Rey se siente en el banquillo, parece la más probable a la vista del ahínco de Castro por acusar a la infanta. Sin embargo, Roca dio por hecho que el instructor sacará a su cliente basándose en esa doctrina, según la cual una persona no puede ser imputada por delitos fiscales si los dos ‘perjudicados’ de esos ilícitos (Hacienda y la Fiscalía) no acusan por no ver fraude alguno y no sentirse víctimas.