Hacienda reclama a la infanta Cristina 168.571 euros

La Abogacía del Estado, representante de la Agencia Tributaria, reclama a la infanta Cristina 168.571,87 euros como responsable civil a título lucrativo de los dos delitos fiscales que le imputa a su marido, Iñaki Urdangarín.

Hacienda, que acusa a la hermana del rey de «venir disfrutando» del fruto del fraude de su esposo, le exige la mitad exacta de los 337.138 euros que el fisco dejó de ingresar en 2007 y 2008, debido a que el duque facturó a través del impuesto de sociedades Aizoon, la empresa que comparte con la hija de don Juan Carlos, sus trabajos «personalísimos» como consejero de varias multinacionales que debía haber tributado como IRPF.

Se trata de una cantidad sensiblemente menor que la que Anticorrupción pide como responsabilidad civil a la duquesa. El fiscal Pedro Horrach le reclamó que pagara, de forma solidaria con su marido por haberse lucrado del fraude, un total de 587.413 euros. La defensa de la infanta ya ha anunciado que abonará esa cantidad para intentar quedar fuera del proceso y, de paso, aminorar la petición de cárcel para su esposo.

En ese mismo escrito de acusación, la Agencia Tributaria solicita una pena de 3 años y 6 meses de prisión para Urdangarín por los dos delitos fiscales, una condena también menor que la que reclama Anticorrupción que pidió tres años de cárcel por cada uno de los ilícitos. Hacienda solicita una multa para Iñaki Urdangarín de 1.011.431 euros y de 1.268.904 euros para su exsocio, Diego Torres, al que pide también 3 años y medio de condena por su único delito fiscal.

Caución de Torres

También reclama que Urdangarín pague como responsabilidad civil por esos delitos fiscales 182.005,27 euros (por el fraude de 2007) y 155.138,48 euros (por el de 2008). La caución de Torres se eleva a 442.968,29 euros por su único fraude de 2007.

Y entre tanto, ayer se conoció el contenido exacto del escrito en el que los abogados de la infanta Cristina, Miquel Roca y Jesús-María Silva, piden que se archive ya la causa contra su cliente, quien antes de Navidad sabrá si se sienta en el banquillo porque el juez José Castro ha empezado a pisar el acelerador para dictar el auto de apertura de juicio oral. Los letrados alegan que sería «inadmisible» que la hermana de Felipe VI se sentara en el banquillo sin que la Fiscalía ni la Abogacía del Estado le acusen de delito alguno y sólo con la acusación de Manos Limpias, que le pide ocho años de cárcel por considerarla colaboradora necesaria en los dos delitos fiscales de su marido.

En el escrito de 16 páginas, los dos letrados defienden con ahínco que tanto la Ley de Enjuiciamiento Criminal como la ‘doctrina Botín’ obligan a sobreseer la causa contra la hermana del rey y que no cabe aplicar aquí la llamada ‘doctrina Atutxa’, que podría llevar a la infanta al banquillo ya que, de todos modos, se va a abrir juicio oral pues hay otros imputados en esta causa.

«Ni el Ministerio Fiscal -en su posición jurídica de acusación pública y defensor de la legalidad- ni el Abogado del Estado -en su posición jurídica de acusación particular en defensa de los intereses de la Hacienda pública estatal- dirigen su acusación contra Cristina de Borbón», afirman Roca y Silva, que recuerdan que sólo «las acusaciones populares sí pretenden dirigir la acusación por su presunta intervención en dos delitos contra la Hacienda Pública».

Ante esta situación, la defensa de la infanta afirma que «simple y llanamente» el juez Castro está obligado a archivar la causa contra la infanta «porque es precisamente a eso a lo que literalmente la Ley de Enjuiciamiento Criminal le obliga».

A ello, suman el hecho de que la ‘doctrina Botín’, además, «estima jurídicamente inadmisible la apertura de juicio oral en casos como el de autos». Esgrimen los letrados que esta doctrina «no ha sido en ningún momento modificada por la jurisprudencia» e incorporan varias sentencias en las que se ha archivado el procedimiento cuando no había acusación fiscal o de Hacienda.