El fiscal general del Estado se va harto de las presiones del Gobierno

Eduardo Torres-Dulce presentó ayer su dimisión como fiscal general del Estado hastiado por las presiones y los desaires del Gobierno y consciente de la pérdida de respaldo entre algunos compañeros del Ministerio Público. La primera circunstancia pasó de ser una excepción a ser algo normal en los últimos meses de sus tres largos años de mandato, hasta que dijo basta. El Gobierno reaccionó con sorpresa y negó las injerencias políticas, mientras que de forma unánime asociaciones de jueces y fiscales alabaron su trabajo.

En una escueta nota mandada poco después de las 11.00 horas por la Fiscalía General, Torres-Dulce anunciaba su renuncia «por motivos personales» tras comunicar su decisión minutos antes al ministro de Justicia, Rafael Catalá, que desde Barcelona, donde impartía una conferencia, se quedaba helado por la «situación un tanto sorpresiva» de la dimisión. La misiva de Torres-Dulce concluía con la información de que regresaba a su plaza en la Fiscalía del Tribunal Constitucional, después de ser ascendido a fiscal de Sala en 1996.

Pese a las exiguas explicaciones, las tres líneas de la renuncia y la directa alusión a «motivos personales» tienen una lectura bastante más profunda y extensa. También la forma de despedirse, primero de forma pausada en una reunión a primera hora con los fiscales del Supremo, quienes le mostraron su sorpresa por la noticia, y después llamando por teléfono al ministro Catalá diciéndole un breve «me voy por asuntos personales». El mismo mensaje que recibió el presidente Mariano Rajoy en Bruselas, donde acudió al último Consejo Europeo del año.

Fuentes fiscales cercanas a Torres-Dulce, que hoy conocerá al sustituto o sustituta tras la reunión del Consejo de Ministros, explicaron que su compañero de 64 años se va por varios motivos. Quería recuperar su privacidad, un tanto perdida desde su nombramiento por el Gobierno con el aval de otro sentenciado en esta legislatura, el ex ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, con quien Torres-Dulce tuvo buena sintonía.

Otra razón que aluden las citadas fuentes tiene que ver con la falta de comprensión entre muchos compañeros, que le reprochaban las promesas incumplidas para mejorar el funcionamiento del departamento con más medios humanos y materiales. Mientras estuvo Gallardón en Justicia hubo línea fluida para tratar de paliar estas carencias presupuestarias o legales. Pero fue irse el ex ministro a finales de septiembre y Torres-Dulce se quedó bloqueado, sin propuestas ni ofrecimientos al Consejo Fiscal, la cúpula de los acusadores públicos, que poco a poco le fue retirando su apoyo.

Con la llegaba de Catalá creció la burbuja de desconfianza del Gobierno hacia Torres-Dulce. Sobre todo entre quienes ponían en duda su «integridad y libertad plena para realizar su función», según afirman las mismas fuentes.

Pasó el verano y el horizonte de la consulta del 9 de noviembre en Cataluña planeaba en el horizonte cercano. Torre-Dulce afrontó la «dura» situación en la que le dejó la Fiscalía Superior de Cataluña cuando se negó a querellarse contra el Gobierno de Artur Mas e hizo patente que la decisión se tomaba en Madrid. Logró salir del entuerto y ordenar la presentación de la denuncia con el respaldo mayoritario del Consejo Fiscal.

Pero antes vivió dos momentos «tremendos» de injerencia del Ejecutivo central. Los anuncios desde Justicia y por parte de la secretaria general del PP en Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, que el mismo 10 de noviembre la Fiscalía General presentaría una querella. Una situación que sentó como un tiro a Torres-Dulce, quien se sintió ninguneado. Ya el 26 de noviembre pasado remató su malestar en el Congreso con una frase para los anales: «No toleraré nunca que el Gobierno me diga lo tengo que hacer, porque sería un delito. Si tengo que sostener posición contraria al gobierno la sostengo».