Diario de León

El Gobierno elige a una fiscal general «técnica y eficaz» para un año electoral

Consuelo Madrigal cuenta con el aval de la carrera profesional y podría seguir hasta 2016.

Consuelo Madrigal ha sido propuesta como fiscal general.

Consuelo Madrigal ha sido propuesta como fiscal general.

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mateo balín | madrid
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El Gobierno tardó apenas unas horas en deshojar la margarita y encontrar a la sustituta de Eduardo Torres-Dulce al frente de la Fiscalía General del Estado, Consuelo Madrigal Martínez-Pereda. Se trata de la primera mujer en alcanzar la jefatura del Ministerio Fiscal, cargo que asumirá una vez que el Congreso ratifique su nombramiento el próximo 8 de enero. Fiscal de Sala especializada en menores, conciliadora, muy técnica y sin aparente perfil político, llega al cargo con el terreno abonado, pero con la sombra del prolongado acoso o el ninguneo del Ejecutivo sobre su antecesor demasiado reciente.

Torres-Dulce firmó su renuncia la mañana del jueves por «motivos personales». Detrás se escondían argumentos como la necesidad de recuperar su privacidad, la pérdida de apoyos dentro del Consejo Fiscal por las promesas incumplidas del Ministerio de Justicia en materia orgánica y material o la progresiva desconfianza del Gobierno sobre su cacareada autonomía.

Quinielas

Apenas había comunicado su dimisión al ministro de Justicia, Rafael Catalá, y no tardaron en aparecer las primeras quinielas sobre el sucesor. Pese a la manifestada sorpresa que produjo la renuncia de Torres-Dulce en el Gobierno, en boca del propio Catalá o del presidente Mariano Rajoy, la noticia ya se rumiaba desde hacía algún tiempo en La Moncloa.

Los magistrados Fernando Grande-Marlaska y Manuel Marchena o la fiscal del Tribunal Supremo Pilar Fernández Valcárcel eran los nombres que más sonaban. Pero a última hora de la tarde, con Rajoy en Bruselas y Catalá regresando de Barcelona, en Vicepresidencia se dio el aval definitivo a Madrigal para el año que resta de legislatura. Un breve periodo que se prevé intenso con la doble cita electoral de mayo y noviembre y las encuestas proyectando un profundo cambio en el mapa político.

No obstante, no está claro si la nueva fiscal general puede continuar un año más con un Gobierno de diferente signo. La razón es que el Estatuto Orgánico de la Fiscalía afirma en su artículo 31 que el mandato no podrá ser renovado excepto en los supuestos en que el titular hubiera ostentado el cargo durante un periodo inferior a dos años. Y Madrigal, de 56 años y nacida en Segovia, ocupará el cargo este año y posiblemente otro más si no decide dimitir ante un hipotético cambio de Gobierno. Aunque la potestad para renunciar la tiene solo ella como fiscal general, tras la reforma del reglamento que hizo el Ejecutivo socialista en 2007.

Si hay una circunstancia curiosa en la elección de Madrigal es que, pese a que su nombramiento se iba a mirar con lupa, ha caído bastante bien tanto en la carrera fiscal como en la clase política. Las asociaciones de fiscales conservadora y progresista coincidieron en mencionar su carácter técnico y conciliador. El Gobierno destacó la «irreprochable trayectoria» durante 34 años de profesión y su «autonomía». Y la oposición le ha dado un voto de confianza.

Los hechos, cierto es, dan la razón a Madrigal. De trato agradable y «muy querida» por sus compañeros, en la cúpula fiscal admiten que se trata de una jurista «muy eficaz y resolutiva», aunque reconocen que su trabajo ha sido «discreto» en lo que a repercusión mediática se refiere.

Logros

Además de convertirse en la primera mujer que dirigirá la Fiscalía en su centenaria historia, entre sus logros sobresale que ha gestionado con eficacia la red de fiscales de menores que ella puso en marcha desde su cargo como Fiscal de Sala Coordinadora de Menores en 2008. Antes pasó un largo tiempo en el Tribunal Supremo, a donde llegó en 1996.

Conservadora de pensamiento, pero sin aparente perfil político, ha pasado inadvertida públicamente en su larga carrera como fiscal, con trabajos muy centrados en la protección del menor y la inmigración e intervenciones no demasiado candentes como para saltar a la luz pública. Se encargó de la causa sobre los papeles de Sokoa por estar implicado el etarra ‘Josu Ternera’, que estaba entonces aforado ante el alto tribunal. También conoció los casos de Otegui, escuchas del Cesid (antiguo centro de inteligencia) o el clan de los Monchines, una popular red familiar involucrada en el narcotráfico.

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