La crisis institucional del Gobierno lastra la estrategia triunfalista de Rajoy

Mariano Rajoy esperaba que el último tramo del año fuera la rampa de lanzamiento de su Gobierno y del PP gracias a los datos de la recuperación económica, pero se ha convertido en un camino a los infiernos con una crisis institucional que no amaina. El jefe del Ejecutivo ha comprobado que sus mensajes triunfalistas, como el de que la crisis es historia, además de no cuajar, se han visto opacados por una crisis sin precedentes en la justicia con la dimisión del ministro del ramo y el fiscal general en menos de tres meses, junto a una inédita carta de los jueces del Supremo para pedir al Ejecutivo que no se entrometa en sus asuntos.

Era quizá el flanco más inesperado para Rajoy. El mundo de las togas, mayoritariamente conservador, nunca había sido beligerante con el PP a diferencia de su actitud con los socialistas, a los que organizaron dos históricas huelgas en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero. La estabilidad en la justicia se daba por supuesta con un Gobierno de Rajoy, hijo de magistrado y de familia versada en leyes. Pero los recortes económicos que impidieron cumplir las promesas de mejoras humanas y materiales, y unos requiebros políticos que hicieron fosfatina el programa de los populares han convertido la justicia en un terreno minado para el Gobierno.

Ningún jefe del Ejecutivo ha tenido que pasar por el trago de la dimisión del ministro de Justicia y del fiscal general del Estado en menos de tres meses, y en ambos casos por desacuerdos políticos. No hay precedentes de renuncias de semejante calado. Los titulares de Justicia, con la excepción de Mariano Fernández Bermejo, que dimitió en 2009 tras participar en una rocambolesca cacería con el juez Baltasar Garzón y mandos policiales en los albores del ‘caso Gürtel’, no dejan sus cargos por motivaciones políticas.

Tampoco los fiscales. Los antecesores de Eduardo Torres-Dulce, Jesús Cardenal estuvo seis años al frente del Ministerio Público con el Gobierno de José María Aznar, y Cándido Conde-Pumpido, ocho con José Luis Rodríguez Zapatero. Tiene que haber razones de mucho peso para que un fiscal general deje colgado al Gobierno, apuntaba un magistrado del Supremo tras conocer la marcha de Torres-Dulce, que alegó razones personales pero que estaba harto de «las sugerencias y opiniones» que le llegaban desde los despachos gubernamentales.

El detalle que convirtió en migraña el dolor de cabeza gubernamental con la justicia fue la carta que enviaron 13 de los 18 jueces de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo al presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, para que reclamara a Rajoy que cesaran las intromisiones del Ejecutivo en las decisiones judiciales, en este caso concreto en las excarcelaciones de presos de ETA. Tampoco hay antecedentes de un gesto de enfado similar en el tribunal de la plaza de la Villa de París.

El propio Lesmes recibió la misiva en medio de la enésima escaramuza con los vocales del Consejo del Poder Judicial, divididos una vez más entre conservadores y progresistas, pese a la promesa electoral del PP de acabar con esa división con una reforma de la ley que nunca se materializó.