Alaya amplía la investigación de los ERE a las empresas públicas andaluzas
La juez trata de aclarar si el descontrol financiero se repitió en otras firmas.
La juez Mercedes Alaya, en una imagen de archivo.
La elevación al Tribunal Supremo de parte de la causa de los ERE fraudulentos pagados por la Junta de Andalucía no ha calmado las ansias investigadoras de la juez Mercedes Alaya, que en un nuevo auto acuerda ampliar la investigación a otras empresas públicas regionales. La juez trata de aclarar si la falta de control en las transferencias de financiación para pagar las ayudas de empleo se repitió en otras firmas dependientes del Gobierno andaluz.
El auto, fechado el pasado día 23, reclama a la Consejería de Hacienda y a la Intervención General de la Junta diversa documentación económica de entidades como Extenda (comercio exterior), Egmasa (medio ambiente), la televisión pública RTVA, empresa pública Deporte Andaluz (Epdasa), Giasa (de gestión de infraestructuras) y Empresa de Turismo Andaluz (Turasa), con el objetivo de «determinar el paralelismo entre lo acontecido en la Agencia Idea con lo ocurrido en otras empresas públicas».
Reclama los expedientes «íntegros» de los programas de Control Financiero Permanente de los años 2005 a 2007 y los informes adicionales, incluida cualquier anotación o conclusión, de la Intervención que refiriesen irregularidades en los resultados, la clasificación de sus activos y pasivos y cualquier deficiencia en la tramitación de los expedientes administrativos utilizados por las consejerías para el envío de fondos y que no tuvieran controles previos. Es decir, trata de comprobar si las transferencias de financiación, usadas habitualmente para equilibrar las cuentas de las entidades públicas, se usaron de forma generalizada en las empresas públicas andaluzas con otros fines aprovechando la falta de control previo de las mismas.
En este sentido, la juez considera «especialmente importante» para la instrucción el conocer las directrices anuales marcadas por el Consejo de Gobierno para el programa de Fiscalización Permanente para las empresas públicas. Una forma de corroborar los indicios que, según su tesis, apuntalan a la implicación de la cúpula del Ejecutivo en la implantación del sistema inadecuado que propició el fraude.
No es la primera vez que la justicia pone sus miras en las empresas públicas, ya que el juzgado de instrucción 16 que investiga las irregularidades en la sociedad de capital riesgo Invercaria ya pidió una investigación similar en 2013, una petición a la que se sumó la Fiscalía Anticorrupción al entender que utilizaron también el mecanismo de transferencias de financiación para abonar subvenciones excepcionales y que el uso de este procedimiento, si se determinaba el menoscabo de fondos públicos, podía constituir un delito de prevaricación o malversación.
La secretaria general del PP andaluz, Dolores López, subrayó que el nuevo auto «ahonda y agudiza» aún más las sospechas sobre la «absoluta falta de control» de los fondos públicos, mientras que el consejero andaluz de Justicia, Emilio de Llera, ironizó acerca de que más que la documentación lo que le preocupa es que «tendrá que leérsela y a ver de dónde saca tiempo».