Rajoy apremia a cerrar cuanto antes el pacto frente al terrorismo yihadista
A juicio del presidente la falta de acuerdo sería una «insensatez y una irresponsabilidad» .
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
«Es un asunto de Estado». Tras esta premisa se escudan populares y socialistas para explicar un acercamiento, hasta hace poco imposible, y que les llevará a acordar el paquete de medidas con el que se pretende hacer frente al terrorismo yihadista. En un año repleto de convocatorias electorales, el PSOE se afana en aclarar que fue su líder, Pedro Sánchez, quien telefoneó el martes a Mariano Rajoy para mostrar su voluntad de consenso, y asegurar que no estamos en la antesala de otros acuerdos con un Ejecutivo del que se siente distanciado por «profundas discrepancias ideológicas».
Pero lo cierto es que pacto habrá y que serán los dos grupos mayoritarios los encargados de trazar las líneas fundamentales del mismo. Lo contrario, la falta de acuerdo, sería, a juicio del presidente del Gobierno, una «insensatez y una irresponsabilidad». Mariano Rajoy es un convencido de que los países «necesitan estabilidad, no bandazos» y apremió a los socialistas y al resto de fuerzas políticas a cerrar cuanto antes un acuerdo.
PP y PSOE trabajan ya en la redacción de la ley orgánica que contemplará solo aquellos puntos de la reforma del Código Penal relativos a la lucha contra el terrorismo. Y los socialistas, por ahora, prefieren no marcar una fecha límite para sacar adelante el proyecto. Son muchas las dudas que les suscitan las medidas planteadas por los populares que sirven como base de la negociación y que habrá que definir, dicen, para dotar a la reforma de «seguridad y garantías jurídicas». Fuentes del PSOE temen que pueda interpretarse como «acto terrorista» una manifestación ilegal con desórdenes públicos frente al Congreso si se tipifica como delito de terrorismo toda actuación que pretenda «influir o condicionar de un modo ilícito la actuación de cualquier autoridad nacional o extranjera». También se contemplan aquellas conductas destinadas a «intimidar gravemente o atemorizar a la población» y las que «alteren gravemente las estructuras básicas políticas, constitucionales, económicas o sociales de un Estado».
En las doce enmiendas que en su día presentó el PP y que recogen el conjunto de modificaciones, figura, por otro lado, la penalización de los desplazamientos a zonas de conflicto o el adiestramiento pasivo a través de Internet.