La policía acusa a otros 90 beneficiados de cursos de formación en Andalucía
Medio centenar de empresas recibieron ayudas desde 2009 por cerca de cinco millones.
Mercajerez es una de las empresas investigadas.
Los escándalos de corrupción vuelven a impregnar la vida política en Andalucía a poco más de un mes para las elecciones autonómicas. La Policía Nacional despegó ayer la tercera fase de la operación Edu, el supuesto fraude en los cursos de formación, y tiene previsto realizar 90 imputaciones de empresarios y políticos que supuestamente se beneficiaron de estas ayudas sin justificar.
Mientras tanto, la juez de Sevilla Mercedes Alaya prosigue la investigación de los ERE fraudulentos pagados con dinero público y ayer sumó 34 nuevas imputaciones de beneficiarios de ayudas directas, con lo que se eleva ya a 265 el número de implicados en el caso.
Fuentes policiales explicaron que esta tercera fase de la operación Edu, que el pasado año se saldó ya con 51 imputados -entre ellos los ex consejeros autonómicos Ángel Ojeda y Antonio Fernández–, se está centrando en Málaga, Cádiz y Almería. No obstante, se prevé que se prolongue varios días y según la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, «lamentablemente podría extenderse a otras provincias andaluzas».
En total, en esta segunda fase se han producido 17 arrestos y hay otras 73 diligencias contra personas que han sido citadas a declarar directamente por la policía, muchos de ellos empresarios de alguna de las 52 sociedades o empresas que están siendo investigadas tras la toma de declaración de miles de alumnos y profesores que supuestamente recibieron los cursos.
Entre los citados a declarar por falsedad y fraude en la concesión de ayudas están la ex alcaldesa de Jerez de la Frontera, la socialista Pilar Sánchez. Ésta, condenada ya a dos años de cárcel por el desvío de fondos del plan E para pagar nóminas del Ayuntamiento, detalló este martes que en calidad de alcaldesa ostentó la presidencia de la empresa mixta Mercajerez, una de las investigadas, pero que las competencias ejecutivas correspondían al gerente.
Otro de los implicados es un teniente de alcalde del PP en Rincón de la Victoria (Málaga), y dos ediles socialistas en Arcos de la Frontera (Cádiz) y Roquetas de Mar (Almería). Este último, Juan Fernando Ortega Paniagua, ejerce de administrador en una de las sociedades investigadas y presentó su baja de militancia en el PSOE y su renuncia como concejal.
Las fuentes policiales explicaron que esta tercera fase de la operación, bautizada como Edu-Costa, se centra en los responsables de las empresas que se beneficiaron de las subvenciones públicas y que, entre otras irregularidades, incumplieron los compromisos de contratación de los alumnos, falsearon los listados de asistentes, obligaban a los profesores a entregarles gran parte del sueldo recibido o incluso no llegaron a realizar las actividades tras lograr el dinero público. En muchos casos ni siquiera reunían los requisitos para optar a las ayudas y no se descarta que tuvieran colaboración de funcionarios de la administración.
Las 52 entidades que están ahora en el punto de mira recibieron ayudas desde 2009 por un importe cercano a los cinco millones de euros, según conocedores de la investigación. La Junta de Andalucía, que inició en 2013 una revisión de oficio, cifró en 20.8 millones de euros el importe de las 669 ayudas recibidas y que no habían sido justificadas debidamente, un 10% de los expedientes que se han analizado hasta ahora. Quedan pendientes otros 2.000 por revisar.
Mientras tanto, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se mostró ayer a favor de prorrogar la estancia de Alaya en el juzgado de instrucción hasta completar las investigaciones que lleva a cabo después, de haber obtenido una plaza en la Audiencia Provincial de Sevilla. A la espera de que el Consejo General del Poder Judicial se pronuncie, la magistrada dictó un nuevo auto en el que imputa a 34 personas vinculadas con las ayudas directas a empresas en crisis recibidas en la Sierra Norte de Sevilla. Esta zona, de donde procedían el ex consejero Juan Antonio Viera y el ex director general de Empleo Javier Guerrero, principal implicado en el caso, fue la principal beneficiada de estas ayudas, con 34 millones de euros.