El primogénito de Pujol deberá explicar cómo gestionó la fortuna familiar oculta

Esta vez no será en la Audiencia Nacional para explicar de dónde salieron los más de 32 millones de euros que él y su esposa movieron entre 2004 y 2012. Pero volverá a declarar como imputado, de nuevo por delitos económicos y, una vez más, supuestamente relacionados con la corrupción.

Será el próximo jueves, ante la titular del Juzgado de instrucción número 31 de Barcelona, Beatriz Balfagón, la juez que investiga la fortuna del clan en el extranjero. Jordi Pujol Ferrusola deberá responder a las acusaciones de su propio padre y tres de sus hermanos menores, Marta, Mireia y Pere. Los cuatro afirmaron en sede judicial que el primogénito fue la persona encargada de mover el dinero de la familia en Andorra, un capital que, según su versión, procedía de la herencia nunca declarada de su abuelo Florenci Pujol en 1980.

Balfagón admitió el pasado 18 de febrero la petición de la acusación popular del sindicato Manos Limpias, quien reclamó su imputación después de que su padre y sus tres hermanos en su declaración judicial del 27 de enero se parapetaran tras el primogénito para no dar explicaciones del dinero que tuvieron en sus cuentas durante más de tres décadas en el principado. La única que no acusó a Jordi Pujol Ferrusola fue su madre, pero porque se negó a declarar.

Los tres hermanos ofrecieron una versión muy parecida. Fue el primogénito, el único que por entonces era mayor de edad, el que entre 1990 y 1992 gestionó los fondos opacos. Antes de Jordi Pujol Ferrusola, afirmaron, las personas que administraron el supuesto legado del abuelo fueron personas de confianza del ex presidente catalán: Delfí Mateu, fallecido en 1993, lo hizo entre 1980 y 1988; y Joaquim Pujol Figa, muerto en 2004, asumió esta tarea entre 1988 y 1990.

De acuerdo con el relato de Marta, Mireia y Pere, solo en 1992, cuando ni siquiera todos los hermanos habían cumplido la mayoría de edad, supieron por su madre que eran millonarios, pero que su fortuna estaba en Andorra, que no era del todo legal y que el hermano mayor se ocupaba del día a día de la gestión de esos fondos.

Según el testimonio de los tres, para entonces, doce años después de la muerte del abuelo y gracias a las buenas inversiones de los gestores de la herencia opaca, cada uno de los siete hermanos contaba con unos 62 millones de pesetas «expectantes», es decir si se vendían con éxito los productos financieros.