El Supremo desbarata la estrategia de Griñán y Zarrías en el caso de los ERE

El juez del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro, instructor del caso de los ERE fraudulentos, ha tirado por la borda la estrategia inicial de defensa del ex presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y de su ex consejero Gaspar Zarrías, imputados en el procedimiento junto a Manuel Chaves, Mar Moreno y José Antonio Viera.

Jorge Barreiro ha rechazado el recurso presentado por las defensas de ambos para que la juez Mercedes Alaya, instructora de los ERE en esa comunidad, no recibiera un informe pericial de parte que rebate uno de los principios indicios documentales del caso: un documento de la Intervención General de la Administración del Estado (Igae).

El juez del alto tribunal también ha rechazado el recurso de los imputados y ha permitido que los funcionarios de la Igae con los que trabaja Alaya realicen una ampliación de su informe contrastando los datos periciales aportadas por la defensas.

Jorge Barreiro entiende que el círculo de competencias común a ambos procesos versa sobre la posible ilegalidad del sistema de concesión de las ayudas socio-laborales a empresas y las consecuencias que el sistema implantado género en los fondos públicos de Andalucía.

De igual modo, Jorge Barreiro ha rebatido la objeción de la defensa de Zarrías a las reuniones que ha venido manteniendo con los peritos de la Igae, dando a entender que se trata «de una especie de reuniones cuasi clandestinas que se oponen al ordenamiento procesal». El juez ha respondido que esos peritos son judiciales, son desde hace tres años los de la juez Alaya y por tanto «no son de parte».

Por último, el instructor del Supremo ha contextualizado el ámbito penal de los hechos investigados, que la sala de admisión enmarcó en los delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos. Según Alberto Jorge Barreiro, el contenido de esos consejos de viceconsejeros puede ser relevante para la investigación de los hechos. De un lado, para averiguar el sustrato de hechos de los elementos de dolo en las conductas gubernativas ejecutadas en los altos niveles de la pirámide administrativa. Del otro lado, para conocer cómo se preparaban las decisiones que luego se aprobaban en los consejos de Gobierno. El juez ha recordado que en el delito de prevaricación no solo concurre la modalidad de la autoría, también cabe la forma de participación.