«No hubo un gran plan pero sí un gran fraude, los controles pudieron fallar»

El «calvario» de los ERE fraudulentos para José Antonio Griñán dio ayer un paso quizá definitivo, ya se verá hacia dónde, tras declarar durante cuatro horas ante el juez del Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, instructor de la causa que investiga presunta prevaricación y malversación en el desvío de ayudas sociolaborales entre 2000 y 2012.

El ex presidente de la Junta de Andalucía, primer mandatario de esta comunidad en comparecer ante un juez como imputado, realizó una intervención muy técnica y prolija, centrada en aclarar el sistema presupuestario de las ayudas sospechosas y las competencias de los diferentes órganos investigados. Griñán contestó a juez y fiscales, pero no a la acusación popular de Manos Limpias y el PP.

El senador centró su estrategia de defensa en dejar claro que su actuación como consejero de Hacienda, entre 2004 y 2009, fue aprobar las partidas, nada más. La ejecución de las mismas y el control del gasto dependían de la Consejería de Empleo y de la Intervención General de la Junta. Aunque fue en Empleo, de quien dependía la Dirección General de Trabajo, donde Griñán descargó de forma implícita la responsabilidad de la transferencia de las prestaciones.

«No creo que hubiera un gran plan (para delinquir), pero sí hubo un gran fraude y eso significa que algunos de los controles pudieron fallar», afirmó Griñán a la salida del Supremo tras admitir la gravedad de los hechos investigados, pero rechazó el argumento de la juez de Sevilla Mercedes Alaya de que se debió a una confabulación de la cúpula socialista para urdir una trama sin control que daba ayudas de manera discrecional

Fueron precisamente los órganos de supervisión uno de los aspectos en los que más abundó el imputado, según su declaración judicial. Respondió a los fiscales que su actuación fue en todo momento ajustada a derecho, y la de su departamento, «irreprochable», pero que era cierto que cuando el Gobierno andaluz conoció las irregularidades en 2010 asumieron que algo había fallado, y que fue «el control del gasto».

Griñán insistió en que nunca llegaron a sus manos conocimientos de irregularidades sobre el sistema presupuestario porque la Intervención no hizo un informe de actuación o alerta roja. Los de 2003 o 2006 que hablaban de que el método era «inadecuado», aunque no fraudulento, tampoco. Y reiteró que Hacienda no es un órgano de fiscalización, sino que se encarga de presupuestar y recaudar, sobre todo.

«En mi etapa se hizo correctamente, pero la ejecución del gasto siempre le corresponde al departamento que tiene asignado el crédito, nunca a otro departamento, y nunca a la presidencia de la Junta de Andalucía», defendió para referirse a su etapa como presidente entre 2009 y 2013.

Griñán, visiblemente afectado, lamentó el daño que este caso ha supuesto para él y su familia. «El daño ya está hecho. Lo lamento mucho, esto ha sido una situación mala para mí y para mi familia. Ha sido un calvario». Al ser preguntado si cree que se archivará el caso, respondió: «Creo en la Justicia».

Uno de los puntos llamativos, y en cierto modo conectado con la negociación política que se vive en Andalucía para la investidura de Susana Díaz, fue cuando afirmó que ya asumió responsabilidades políticas por los ERE tras dimitir en 2013 como presidente. Explicó que lo hizo pese a defender su correcto proceder, considerar que el sistema era legal, pero para no hacerle daño a la Junta y al PSOE.

También en su declaración ante el juez mencionó que renunció al cargo porque este asunto (el fraude de los ERE) «es una barbaridad» y que todas estas ayudas concedidas de forma aleatoria y sin control merecen una responsabilidad política e incluso penal, aunque la actuación de su consejería, insistió, fue «irreprochable».