Manuel Chaves, segundo expresidente andaluz ante el Tribunal Supremo por el 'caso ERE'

Manuel Chaves, otrora poderoso líder del socialismo y presidente de la Junta de Andalucía durante la friolera de 19 años (1990-2009), ha llegado este martes a las 9.50 horas al Tribunal Supremo para declarar como imputado por el mayor escándalo de corrupción ocurrido en su comunidad, el caso de los ERE fraudulentos pagados con dinero público. El hoy diputado por Cádizen el Congreso es considerado el responsable último de "la falta de control consentida", según las palabras de la jueza instructoraMercedes Alaya, ya que todas las irregularidades se cometieron durante su mandato sin que, sostienen los imputados, la cúpula de la administración se percatara de ello.

La declaración de Chaves, apenas cinco días después que lo hiciera su sucesor, José Antonio Griñán, se produce también por voluntad propia, como solicitó tras conocer que el alto tribunal admitía a trámite la exposición razonada remitida por la jueza Alaya con sus indicios de supuestos delitos penales contra nueve aforados: los dos expresidentes y hasta siete exconsejeros. Finalmente, el Supremo se declaró competente solo para los diputados nacionales, mientras que los diputados autonómicos están declarando también estos días en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Aunque el magistrado instructor del Supremo, Alberto Jorge Barreiro, aún no ha concretado los delitos, desde el juzgado de instrucción de Sevillafueron tipificados como prevaricación y malversación de caudales públicos.

Esos indicios que supuestamente le señalan, según recoge la exposición razonada de Alaya, se centran en que fue el Consejo de Gobierno que Chaves presidió el que autorizó en última instancia los desfases presupuestarios de hasta 95 millones de euros provocados por el uso sin límite de las transferencias de financiación en la Consejería de Empleo. Un sistema con el que la Junta pagaba ayudas sociolaborales de forma ágil, pero también arbitraria y sin fiscalización alguna, y que Alaya entiende inadecuado.

"IMPENSABLE" NO SABERLO

La jueza considera "impensable" que los responsables políticos de la Junta no se percataran de estos desfases al aprobar las consiguientes modificaciones presupuestarias, y que nadie preguntara qué estaba pasando. Asimismo, fue bajo mandato de Chaves cuando, en el año 2001, el uso de las transferencias de financiación --un sistema usado en las administraciones para compensar gastos de explotación de empresas públicas-- se 'institucionalizó' con la puesta en marcha de un convenio marco que permitió la creación de un fondo de reptiles de hasta 855 millones, la partida 31-L aprobada anualmente por el Parlamento autonómico con el que abonar estas ayudas sociolaborales. Un convenio suscrito por el entonces consejero de Empleo José Antonio Viera.

Sin embargo, más allá de estos hechos, la causa de los ERE supone en la práctica una moción a la gestión de Chaves al frente de la Junta, al menos a sus políticas sociolaborales. La jueza ha conseguido poner en tela de juicio cómo los gobiernos socialistas de finales de los 90 y la década de los 2000 consiguió la "pax social" y evitar conflictos laborales a base de dinero público, generando a su vez una red clientelar que le perpetuaba al frente del Ejecutivo andaluz, según sostiene el atestado policial.

PRÓXIMAS COMPARECENCIAS

Además de Chaves, Griñán y el exconsejero de Empleo José Antonio Viera, quien también declaró la semana pasada, en los próximos días comparecerán ante el juez Barreiro los exconsejerosGaspar Zarrías y Mar Moreno, todos como imputados.

Tras los interrogatorios, el magistrado decidirá si es o no oportuno solicitar el suplicatorio al Congreso o el Senado para investigarles en relación con un determinado delito o delitos.