El juez pide las actas del Consejo de Gobierno sobre los expedientes

El juez Alberto Jorge Barreiro, instructor en el Supremo de los ERE fraudulentos, acordó el 7 de abril, el día que comenzaron las declaraciones de los aforados, reclamar todas las actas del Consejo de Gobierno de Andalucía en las que hubieran sido aprobadas modificaciones presupuestarias con destino al pago de ayudas sociolaborales a empresas.

La diligencia fue pedida por la acusación popular del sindicato Manos Limpias y el juez la estimó con fecha 7 de abril, ya que estas actas, afirmó, no constan en la documentación remitida a la sala por el Juzgado de Instrucción seis de Sevilla, cuya titular es Mercedes Alaya. Será este órgano quien envíe la documentación al Supremo, según la providencia del juez.

Durante el periodo en que se investigan las ayudas, 2000-2012, se realizaron 22 modificaciones presupuestarias, de las que 16 que pasaron por el Consejo de Gobierno presidido por Manuel Chaves. Al final, el denominado Programa 31L recibió 855 millones de euros, de los cuales unos 140 millones pudieron ser desviados a fines espurios, según las estimaciones iniciales.

Para Manos Limpias, con esta documentación se podrá conocer las diferentes opiniones que existían en el Consejo de Gobierno sobre este programa de subvenciones.

Por otra parte, la presidenta del PSOE, Micaela Navarro, manifestó ayer que su deseo es que el proceso judicial en el que está inmerso su antecesor en el cargo y expresidente andaluz, Manuel Chaves, imputado por el Tribunal Supremo en el caso de los ERE, termine «cuanto antes». «Me gustaría que acabara cuanto antes respetando escrupulosamente la Justicia», declaró Navarro.

Preguntada asimismo por la situación procesal de Chaves, Navarro sostuvo también que «lo que supone para el PSOE, como militante socialista y como ser humano, es lo que puede suponer para cualquier persona cuando los procesos se alargan», reflexionó.