Echan al presidente de la Diputación de Valencia por presunto corrupto
El político del PP cuenta billetes de una supuesta comisión ilegal en una grabación.
El presidente de la Diputación valenciana, Alfonso Rus.
Los 20 años de carrera política en el PP del presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, llegaron ayer a su final. El Comité Nacional de Derechos y Garantías dio el visto bueno a la propuesta del presidente de los populares de la Comunidad Valenciana y presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y acordó la suspensión cautelar de militancia del también presidente provincial del partido en Valencia.
La decisión viene motivada por la difusión en la cadena Ser de una grabación en la que se escucha a Rus contando los billetes que habría cobrado por una supuesta comisión ilegal. «3.000, 4.000, 5.000, 6.000...12.000 euros, dos millones de pesetas», comenta Rus al ahora ex gerente de la empresa pública Imelsa, dependiente de la Diputación valenciana, y supuesto autor de la grabación.
Fabra emitió a primera hora de la tarde un comunicado en el que «sin prejuzgar la validez o veracidad de las referidas informaciones y grabaciones, y respetando ante todo la presunción de inocencia» decidió abrir expediente disciplinario contra Rus y «la suspensión provisional de todas las responsabilidades que ostenta en el partido». Medida ratificada horas después por el Comité Nacional de Derechos y Garantías.
La difusión de la grabación sumió en el desconcierto al PP valenciano y ni sus más estrechos colaboradores salían del estado de shock en el que cayeron ante la constatación sonora de unas conversaciones que sugieren un reparto de comisiones. Los dirigentes del PP valenciano trataron de negociar con Rus una salida del partido, pero se encontraron con su férrea negativa.
Es más, el presidente de la Diputación valenciana emitió también un comunicado en el que sin negar la veracidad de los hechos grabados anunció que «continuará adelante» en su puesto y en sus responsabilidades dentro del PP. Rus sostuvo además que se sentía «indefenso y víctima de un ataque informativo y político brutal enmarcado dentro de una campaña electoral y, por tanto, motivado por razones políticas». Garantizó asimismo que su patrimonio se ajusta a la legalidad y que no tiene conocimiento de que se «encuentre incurso en ningún proceso judicial en calidad de imputado y ni siquiera como testigo». En todo caso, concluyó, «si alguien cree que he podido cometer un delito, tendrá que demostrarlo y no sembrar la opinión pública con este burdo montaje».