Una guerra policial y política

Guerra sin cuartel entre el Ministerio del Interior y la Generalitat. Una batalla que no sería una escaramuza más entre el ministro Jorge Fernández y el conseller Ramón Espadaler si no fuera porque los contendientes, esta vez, están usando sin reparo un campo de batalla tan sensible como la lucha antiyihadista y que la munición que tanto Policía Nacional como Mossos d’Esquadra están disparando apunta contra sus propios confidentes compartidos.

La polémica por el ya conocido como ‘chivatazo catalán’, lejos de amainar, arrecia, aun a sabiendas que -según admitieron ayer responsables de Madrid y Barcelona- el origen del conflicto es la falta de cooperación entre los servicios anti terroristas de la Generalitat y el Gobierno. Una «total ausencia de intercambio de información» que ha llevado a que Policía y Mossos compartieran durante años, sin saberlo, a «agentes infiltrados» en grupos yihadistas que en realidad estaban pasando información a ambos cuerpos. Una descoordinación que fue la que propició que el pasado 9 de abril la Consejería de Interior desatara una redada contra una célula asentada en diversos puntos de Barcelona y detuviera a once activistas, sin aviso previo a la Policía Nacional, que también estaba detrás de los pasos de este grupo y que, al igual que la policía autonómica y el CNI, tenía ‘soplones’ dentro del núcleo duro del comando.

Ayer, Espadaler y los Mossos volvieron a echar más leña al fuego y fueron respondidos, al unísono, por todos los sindicatos de la Policía Nacional. Los Mossos aseguraron que los autores del chivatazo fueron un inspector y un inspector jefe del CNP. Ambos en noviembre, cinco meses antes de la operación de la Generalitat, se desplazaron a Mataró para avisar, en presencia de un confidente de los Mossos, a una persona cercana a la célula de Tarrasa de que estaban siendo seguidos. La versión de los servicios antiterroristas del Ministerio del Interior es bien distinta: los agentes de la policía simplemente se reunieron con uno de sus confidentes para recabar información sobre el grupo de Tarrasa, pero no para avisar de seguimiento alguno.

Según la Consejería de Interior catalana, a raíz de aquella reunión los terroristas comenzaron a cambiar de costumbres y, por un aviso de origen desconocido, comenzaron a buscar al ‘topo’ de los Mossos en la célula. Ramón Espadaler ayer llegó a insinuar que fue la Policía Nacional la que chivó a los yihadistas que la policía autonómica tenía un confidente en el grupo y que el soplo puso en peligro al colaborador de los Mossos. «Es obvio que es un tema (el de los confidentes) que se tiene que llevar con una cautela y una reserva absolutas» y que, cuando un agente está trabajando tan cerca de un grupo de yihadistas, «es evidente que informaciones de este tipo ponen en riesgo su integridad física».

Espadaler, que confesó que no ha hablado con Fernández para intentar reconducir la crisis abierta entre ambos equipos, aseguró que su departamento ha aportado nuevos «indicios fehacientes» del supuesto chivatazo al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, quien ya archivó en febrero la primera denuncia de la Consejería de Interior sobre el ‘soplo’, después de que los dos agentes del CNP declararan que jamás dieron aviso a la célula y que exclusivamente se reunieron con un confidente.

La respuesta a la nueva andanada de la Generalitat esta vez no vino del ministro del Interior, quien el jueves ya calificó de «bajeza» y «ruindad» la acusaciones de los Mossos contra la Policía y que dijo, en clara referencia a la Generalitat, que la lucha antiyihadista «no se puede dejar en manos de los que no tienen el más mínimo sentido del estado». Ayer fueron los cuatro sindicatos mayoritarios del CNP los que tildaron de «irresponsable» la actitud de los Mossos por airear en la prensa «historias inverosímiles que solo existen en la mente de sus dirigentes políticos» sobre el supuesto chivatazo.