Chaves y Griñán piden pruebas clave antes de que el juez decida su futuro
Reclaman documentos de que el Parlamento andaluz conoció los presupuestos de los ERE.
El expresidente andaluz y del PSOE José Antonio Griñán.
Las defensas de Manuel Chaves, José Antonio Griñán y de los otros tres ex consejeros imputados en la causa de los ERE fraudulentos en el Tribunal Supremo tratan de incorporar nuevas pruebas exculpatorias, según sus abogados, antes de que el juez decida en los próximos días si solicita o no el suplicatorio al Congreso y el Senado para actuar contra todos los parlamentarios o solo contra algunos de ellos.
En un escrito presentado ayer, los abogados reclamaron al magistrado Alberto Jorge Barreiro una serie de documentos clave, según su parecer, que avalarían la legalidad y el conocimiento «al detalle» que tuvo el Parlamento andaluz del sistema presupuestario de las ayudas sociolaborales que ahora está bajo sospecha.
Esta prueba documental no fue enviada al Tribunal Supremo por la juez de Sevilla Mercedes Alaya, que instruye el procedimiento ordinario, por lo que la instancia judicial superior no ha tenido acceso a ella.
La razón de esta omisión se desconoce. Se trata del llamado ‘Anexo XX1’, que incluye la documentación presupuestaria, debates y enmiendas parlamentarias relativas al ‘programa 31.L’, el nombre técnico de los ERE o las ayudas sociolaborales a empresas en crisis de 2000 a 2011. Este anexo son miles de folios encuadernados en tomos que fueron solicitados al Parlamento andaluz por la jueza. Fueron remitidos el 19 de agosto de 2014 y desde entonces «siguen sin foliar en los archivos del juzgado», según las defensas. De las miles de páginas, la titular del Juzgado de Sevilla solo incorporó a la causa cinco papeles que contienen el índice de estos documentos. El grueso sigue en el juzgado a disposición de las partes, pero no ha sido incorporado a la causa que se sigue en el Supremo. Una circunstancia que desconocía el juez Alberto Jorge Barreiro.
El escrito señala que dicha documentación acreditaría que la Cámara autonómica recibió toda la información necesaria para «ejercer sus derechos de examen, enmienda y aprobación de la Ley de Presupuestos en lo referido a las ayudas sociolaborales del programa 31.L». Los letrados de la defensa aseguran que los documentos remitidos por el Parlamento demuestran que el destino de cada partida presupuestaria destinada a ayudas sociolaborales estaba claramente establecido desde el principio.
Ayudas «conocidas»
Añadieron que la memoria del anteproyecto de ley, de las fichas presupuestarias, de la memoria de ejecución y de la cuenta general que se remitía a la cámara de cuentas «ha quedado nítidamente delimitado el proceso de transferencias de financiación (sistema presupuestario de los ERE) para mantener la política de ayudas a prejubilaciones en empresas con dificultades y atender las necesidades públicas de mantenimiento del empleo y del tejido productivo andaluz, a través de los acuerdos con la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía.
La defensa solicita que el magistrado del Supremo pida a la juez Alaya un informe elaborado por la letrada jefe de la Cámara de Cuentas de Andalucía. Se trata de un documento cuyo criterio es contrario a la tesis de los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), quienes mantienen que hubo falta de control, y que tampoco ha sido incorporado a la causa del Tribunal Supremo.