El Gobierno aprovechará las cuentas de 2016 para exhibir su gestión
La vicepresidenta reitera que serán «unos presupuestos de crecimiento» .
La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, tras el Consejo de Ministros.
No está nada claro que el Gobierno vaya a ser capaz de aprobar los Presupuestos generales del Estado para 2016 porque el calendario electoral juega en su contra. Con toda probabilidad, la legislatura acabará antes de que el Congreso haya tenido tiempo suficiente para tramitarlos, sin embargo, Mariano Rajoy ratificó el jueves ante el comité ejecutivo nacional del PP que los presentará. Con ese empeño lanza un doble mensaje: uno de estabilidad hacia los mercados, que han empezado a mostrar su nerviosismo por la situación griega, y otro hacia los electores, porque esta vez, dicen en el PP, las cuentas públicas no serán portadoras de malas noticias.
La propia vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, alimentó esta idea durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que avanzó que el próximo viernes se cumplirá ya con la obligación que marca la ley de estabilidad presupuestaria y se aprobará el techo de gasto para el próximo ejercicio. «No puedo dar cifras porque supondría merendarme la cena, pero haremos unos presupuestos para que los efectos de esa recuperación lleguen a todas las capas de la sociedad posibles» afirmó.
Una vez realizados los prometidos ajustes en el PP -con el rejuvenecimiento de parte de la cúpula, el apartamiento camuflado de la secretaria general, María Dolores de Cospedal, y la promesa por parte de Rajoy de una implicación más directa en la gestión del partido- la ley de presupuestos se ha convertido para los populares en el mejor instrumento de campaña, una suerte de programa electoral con fuerza real para las generales.
El Gobierno tiene que reducir el déficit público este año del 5,5% al 4,2%, lo que supone un ajuste de unos 13.000 millones de euros. Y, conforme a lo comprometido ante Bruselas, el año que viene el desfase de las cuentas no podrá superar el 2,8%, lo que implica reducir unos 14.000 millones de euros. La mitad de la disminución debe corresponder a las comunidades autónomas y la Seguridad Social, pero el Ejecutivo sostiene que la buena marcha de la recaudación servirá como amortiguador para no tener que recortar los gastos como en años anteriores.
Nueva situación
«El momento económico es bastante diferente -subrayó Sáenz de Santamaría-, nuestro país crece al 3%, se está empezando a crear empleo, se está incrementando la recaudación, se van a poder encarar algunas decisiones que no se pudieron tomar al inicio de la legislatura. Pasamos de unos presupuestos de un país al borde del rescate en el que tuvimos que tomar algunas decisiones a que esas decisiones están surtiendo efectos».
La paradoja es que, una vez elaborada y presentada ante las Cortes, lo más plausible es que la ley que recoja esas medidas decaiga porque, normalmente, el proyecto entra en el Congreso a finales de septiembre (antes del 30, según la ley) y su tramitación lleva unos dos meses y medio. Si Rajoy hiciera lo previsible y convocara las elecciones para el 22 de noviembre, las cámaras quedarían disueltas el 30 de septiembre o una semana más tarde de ser el 29 de noviembre.
La vicepresidenta alegó que en ese escenario el siguiente Gobierno no se encontrará, al menos, como ellos en 2011 y tendrán una base para «tener solucionados todos los problemas que corresponda». Ahora bien, tampoco descartó que dé tiempo a aprobar las cuentas, lo que implicaría agotar al máximo el mandato (algo que no se ha hecho nunca) y llevar las elecciones a mediados de diciembre.
«Términos normales»
La vicepresidenta del Gobierno reiteró que serán unos presupuestos elaborados en «términos normales», «unos presupuestos de crecimiento», y ha sido tajante al asegurar que estarán hechos antes de las elecciones generales.
En cuanto a si dará tiempo a ser aprobados antes de la celebración de estos comicios, Saénz de Santamaría recordó que el anterior gobierno socialista adelantó las elecciones en 2011 por «tacticismo político» y prorrogó los presupuestos de ese año, lo que obligó a que el Gobierno del PP tuviera que aprobar en una semana un Real Decreto de medidas urgentes porque algunas disposiciones decaían inmediatamente.