El PP no impondrá su reforma electoral para que gobierne el alcalde más votado
La oposición, salvo Convergència, rechaza abordar el cambio al final de la legislatura.
El portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando.
El PP parece que tampoco va a tener éxito en su segundo intento de aprobar en esta legislatura una reforma de la ley electoral para que el alcalde sea el candidato de la lista más votada. Los populares, que registrarán de nuevo su propuesta en el Congreso la semana próxima para que sea debatida en septiembre en el pleno, aclararon ayer que, en cualquier caso, no van a imponer a los demás su modelo. No van a tirar de mayoría absoluta para aprobar la reforma en los pocos meses que quedan de legislatura y desistirán si no logran un acuerdo con otros grupos, especialmente con el PSOE, según aseguró su portavoz parlamentario, Rafael Hernando.
La renuncia a pasar el rodillo parlamentario en un asunto que siempre ha requerido de amplios consensos, como son los cambios en la legislación electoral, condenará a los populares, a la vista de la actual correlación de fuerzas en el Congreso, a volver a guardar la norma en el cajón hasta la próxima legislatura.
El acuerdo que buscan parece imposible porque toda la oposición salvo Convergència, sin conocer siquiera el texto exacto de la modificación que proponen, ya ha anticipado que se opondrá a cualquier cambio de la ley electoral en un momento en el que considera que la legislatura no solo está tocando a su fin sino que también está agotada desde el punto de vista político.
El PP, sin embargo, a lo que no renuncia de ninguna manera es al menos a debatir su propuesta en el Congreso y a defender que la ley evite dentro de cuatro años, cuando tocan las próximas municipales, que los pactos «entre perdedores» vuelvan a investir alcaldes que no han ganado las elecciones. Una situación que, a su juicio, se ha dado ahora en muchas ciudades, los acuerdos entre PSOE, Podemos y otros grupos minoritarios para desbancar al PP. A dos o tres meses del relevo en La Moncloa, quieren amplificar con el altavoz parlamentario su reivindicación política de que, sea en las municipales y en las generales, debe gobernar siempre la lista más votada.
La proposición de ley de los populares, en sus grandes líneas, dirá que será primada con los concejales suficientes para que sea alcalde el candidato de la lista que logre al menos el 35% de los votos y una diferencia de cinco puntos sobre el segundo. Si nadie lo logra, habrá segunda vuelta, tras la que gobernará quien logre al menos el 40% de los votos y siete puntos de diferencia. A la segunda ronda pasarán todos los partidos que hubiesen superado en la primera un porcentaje que podría estar entre el 10% y el 15%.
El PP, que sabe que sus opciones de pactar la reforma son nulas, quiere que al menos con el debate en septiembre de toma en consideración por el Congreso de la propuesta los partidos de la oposición, y especialmente el PSOE, tengan que mojarse sobre una fórmula similar a la que los socialistas llegaron a incluir en su programa y sobre los pactos electorales con «radicales» contra la lista ganadora.
El PSOE, según su posición actual, ni siquiera va a entrar en el fondo del asunto. No se niega a discutir en la próxima legislatura sobre segundas rondas en las municipales, pero ahora cree que su presentación «solo busca ocultar los problemas electorales de Mariano Rajoy» y que la «reforma exprés y al galope» forma parte de una campaña de «propaganda y postureo» de los populares.
PNV, IU, UPyD y Amaiur coincidieron en que se trata de una estrategia del PP para abrir un debate que aleje el foco de la corrupción y la desigualdad social, pero las tres últimas formaciones creen también que, además, es «ingeniería electoral» para tratar de reducir la pluralidad política en las instituciones.