El Constitucional admite el recurso contra la prisión permanente revisable
El Tribunal Constitucional admitió ayer a trámite los recursos presentados por partidos políticos e instituciones contra la entrada en vigor, este mes, de la prisión permanente revible y contra un buen número de los artículos de la nueva ley de Seguridad Ciudadana, apodada por sus detractores como ‘ley mordaza’.
La corte, en sendas providencias, considera que ambas impugnaciones cumplen con los requisitos del recurso de inconstitucionalidad, por plantear dudas sobre normas y materias de su competencia, y acepta entrar a determinar si, como aseguran los denunciantes, estas leyes vulneran diferentes derechos y libertades de la Carta Magna. Como primera diligencia, da traslado de su decisión al Congreso, al Senado y al Gobierno y les emplaza a comunicar en 15 días si quieren personarse en las causas y realizar las alegaciones que tengan por oportuno contra los recursos.
Ninguna de las admisiones a trámite paraliza la entrada en vigor de los artículos recurridos ya que este privilegio solo se lo otorga de forma automática la Constitución a las impugnaciones del Gobierno central sobre normas o disposiciones de origen autonómico.
Toda la oposición
El recurso admitido contra la prisión permanente revisable, la gran novedad de la reforma del Código Penal que entró en vigor el 1 de julio pasado, lo presentaron en bloque todos los grupos de la oposición en el Congreso -PSOE, CiU, IU, UPyD, PNV y el Mixto- por considerar que el Ejecutivo del PP ha implantado realmente una fórmula de cadena perpetua.
La prisión permanente está prevista para asesinatos de excepcional gravedad -magnicidios, crímenes en serie, genocidio, cometidos por organización criminal o contra menores- y supone el cumplimiento mínimo de entre 25 y 35 años de cárcel, momento a partir del que, cada dos años, se comprobará si el preso puede salir de prisión por tener buen pronóstico de reinserción.
El recurso contra la ‘ley mordaza’ lo presentó el Parlament de Cataluña y es muy similar al ya admitido a trámite por la corte el mes pasado a los grupos de la oposición en el Congreso.