La Seguridad Social abre expediente al PP por el «finiquito en diferido»

El famoso «finiquito diferido» del Partido Popular a Luis Bárcenas podría terminar en una sustanciosa multa para las formación política. La Tesorería de la Seguridad Social, dependiente de la Agencia Tributaria, ha abierto un acta de infracción al PP en relación a las cotizaciones que los populares ingresaron por Bárcenas entre el 16 de abril de 2010 -cuando dejó el Senado tras ser imputado por primera vez en el caso Gürtel- y el 31 de enero de 2013, un periodo en el que el ya ex parlamentario cobró 719.502 euros sin prestar servicio alguno, tal y como ha reconocido el propio Bárcenas y los portavoces de la calle Génova.

La decisión de la Tesorería de abrir una investigación se produce después de que tres juzgados diferentes en los que se ventilan las cuitas laborales entre el ex tesorero y su anterior empleador hayan certificado que en aquellos años el PP y su asalariado simularon una relación laboral, que en su momento María Dolores de Cospedal definió como «finiquito en diferido».

El pasado 4 de mayo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la sentencia con que confirmó que el despido no fue improcedente, ya ordenó investigar esos pagos al entender que había un posible fraude a la Seguridad Social por haber cotizado el PP por Bárcenas cuando en realidad ya no era su empleado y no realizaba trabajo alguno para la formación.

El tribunal superior creyó acreditada esa «simulación» que ya había anticipado el Juzgado de lo Social número 16 de Madrid, que desestimó la primera demanda por despido presentada por Bárcenas. En aquella primera sentencia, el juez ya señaló que Bárcenas en ese período sí que usó dependencias y medios propios del PP, pero que no pudo probar que hubiera hecho una «prestación de servicios» al partido. El magistrado ya consideró que ese alta ficticia era «indebida y sancionable» en aplicación de la ley sobre infracciones y sanciones en el orden social.

En idéntica línea se manifestó el pasado 16 de julio el Juzgado de lo Social número 31 de Madrid. La juez rechazó en su «totalidad» la pretensión del principal imputado del caso Gürtel de volver a su puesto de tesorero o de ser resarcido con 905.000 euros por despido improcedente, pero dejó claro que la tesis del «finiquito diferido» era ilegal. El fallo de la magistrada Carmen López, que precisamente fue recurrido ayer por Bárcenas ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, incluía una seria reprimenda por la simulación de una relación laboral por la que Bárcenas se embolsó los casi 720.000 euros.

Aunque la jueza no ahondó en esta cuestión por considerarla «cosa juzgada» en el proceso promovido por el ex tesorero contra su anterior empleador, sí que dejó claro que esos pagos aunque no fueran un salario, porque Bárcenas no hizo nada a cambio, tampoco pueden ser una «indemnización diferida», como dijo en su momento Cospedal y como defendió durante el juicio el abogado del PP, Iván Gayarre.

El PP, por su parte, insistió ayer en su tesis, defendida a capa y espada, de que no cometió falta alguna. Al menos de forma consciente. Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación del partido, admitió que la formación pudo «cotizar equivocadamente» por Bárcenas, pero que lo hizo de «buena fe». «No se ha cometido ningún fraude en la Seguridad Social, y si algo se ha hecho de forma incorrecta, se tomarán las medidas necesarias», garantizó.

«Demasiado daño ha hecho (el ex tesorero) al PP como para seguir dándole más importancia. Si se hablara del resto de casos de corrupción un 3% de lo que se habla de la mala praxis de algún ex miembro cesado y expulsado de este partido, seguramente tendríamos un panorama más fidedigno de esta última legislatura», se lamentó.

Comparecencia

El PSOE pidió ayer la comparecencia de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, para que explique la apertura por parte de la Agencia Tributaria del acta de infracción al PP.

El portavoz parlamentario de Economía del PSOE, Pedro Saura, ha anunciado la petición de su grupo para que Báñez comparezca en el Congreso en calidad de ministra de Empleo y Seguridad Social.

Aún así, Saura ha considerado que la verdadera «responsabilidad» recae «directamente» sobre el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, porque «tal y como dijo a los españoles» en su día la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, el acuerdo «fue de Rajoy con Bárcenas».

Saura ha señalado asimismo que Rajoy «mintió en sede parlamentaria» el 1 de agosto de 2013 cuando dijo que Bárcenas ya no estaba en el PP siendo él presidente del Gobierno.