Rajoy rechaza que su Gobierno haya movido los hilos judiciales contra Mas
El jefe del Ejecutivo propone resolver el desafío secesionista en Cataluña con diálogo.
El presidente, Mariano Rajoy, durante su comparecencia de ayer en el Congreso.
Si los independentistas ven tras la imputación de Artur Mas una persecución política, el jefe del Ejecutivo no quiere cargar con el peso de esa responsabilidad. Mariano Rajoy se paró ayer en los pasillos del Congreso exclusivamente para aclarar que su Gobierno «no tiene nada que ver» con la citación al presidente en funciones de la Generalitat, algo que había quedado en el aire con las declaraciones de la víspera del ministro de Justicia.
«Es falso y profundamente injusto atribuir este tipo de decisión al Gobierno», protestó Rajoy tras recordar que es el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y no el Ejecutivo, el que tramita la querella de la Fiscalía contra Mas y dos ex consejeras por la consulta soberanista del 9N. Las declaraciones de su ministro de Justicia alimentaron las sospechas de los sectores secesionistas. Rafael Catalá justificó que se conociera 48 horas después de las elecciones catalanas la citación del presidente de la Generalitat porque los magistrados no habían querido mover ficha antes para no «interferir» en la campaña. Unas explicaciones que avivaron la sensación de que la mano del Gobierno estaba detrás de los pasos judiciales y obligaron ayer al presidente a emplearse a fondo para aclarar que existe la separación de poderes.
La función del Ejecutivo pasaría por la gestión política del desafío independentista. El Gobierno, sin embargo, no solo se limitará a velar por el cumplimiento de la ley dado que Rajoy propone resolver el conflicto con diálogo, «finura» y nada de ansiedad. Según fuentes de La Moncloa, esa «finura» nunca debe interpretarse en clave de propuestas.
Negociación con todos
El jefe del Ejecutivo renuncia así una vez más a tomar la iniciativa para encauzar el debate en Cataluña en esta nueva fase. Las mismas voces reiteran que se escucharán los planteamientos que realice la Generalitat, siempre y cuando sean respetuosos con la ley, y que, pasadas las elecciones generales, se abrirá la negociación del sistema de financiación autonómica. «Pero no para Cataluña, sino para todas las comunidades», precisa un alto cargo del Ejecutivo temeroso de que cualquier gesto sea interpretado como una cesión a Artur Mas.
Esa es, precisamente, la actitud que ayer censuraron durante la sesión de control en el Congreso el PSOE y Unió. Los socialistas reprocharon a Rajoy su «inmovilismo» y hasta su «incapacidad política» para manejar el debate identitario en Cataluña, mientras el diputado catalán Josep Sánchez Llibre emplazó al presidente a «bajarse del burro», olvidarse de los votos y de las críticas del ex jefe del Ejecutivo, José María Aznar, y elaborar una propuesta de envergadura. «Sea valiente, tenga coraje, es la hora de los estadistas no de los dirigentes de partido», concluyó Sánchez Llibre, después de que su formación se haya quedado fuera del Parlamento catalán.
El guante lo recogió, sin embargo, Pedro Sánchez. El líder del PSOE, que no pierde de vista el horizonte de las elecciones generales, aprovechó para repetir en el hemiciclo el mensaje que había ensayado el martes en la reunión con sus barones. «Yo me comprometo solemnemente ante esta Cámara y ante los españoles a reconstruir la unidad de Cataluña en La Moncloa y también a articular mejor la unidad de España con la reforma constitucional que se abrirá paso en la próxima legislatura, cuando usted deje de ser presidente del Gobierno», le espetó a Rajoy en un tono más parecido al de una sesión de investidura que al de una sesión de control al Ejecutivo.
El Gobierno se resiste, en cualquier caso, a admitir la necesidad de actualizar la Carta Magna cuando los socialistas no han detallado la modificación que persiguen y que, según el presidente, se queda por ahora en un «mero eslogan». De ahí que, en el toma y daca del Congreso, Rajoy exigiera ayer concreción a Sánchez, a quien acusa de «jugar a la equidistancia» con las reivindicaciones soberanistas. Los populares no variarán este posicionamiento hasta diciembre. La defensa férrea del statu quo ha pasado ya a ser uno de los principales ejes de su discurso.