La CUP supedita el apoyo a Mas a que dé pasos claros hacia la independencia
El partido antisistema exige la ruptura unilateral con España antes de decidirse.

Antonio Baños (segundo por la derecha) y varios diputados al finalizar la conferencia.
La CUP venderá muy caro su apoyo a Junts pel Sí. Si Artur Mas y la candidatura que integra a Convergència y Esquerra quieren contar con los diez diputados de la formación antisistema para formar un gobierno independentista, tendrán que saltarse la legalidad española desde el minuto cero e iniciar una transición unilateral hacia la República catalana. En principio, un precio muy caro.
La CUP, que en las pasadas elecciones se erigió en la formación clave para la gobernabilidad de Cataluña, fijó ayer las líneas maestras de la negociación que ha emprendido con Junts pel Sí para sellar un acuerdo que permita al secesionismo culminar la fase final del proceso. La CUP quiere afrontar las conversaciones con Junts Pel Sí desde la premisa de que lo primero que hay que acordar son los puntos programáticos, para dejar para el final el debate sobre las personas.
En cualquier caso, el partido asambleario insistió en una especie de conferencia política en que no ha variado su posición de rechazo a Mas como presidente, aunque evitó los vetos explícitos y las frases contundentes en este sentido para favorecer el clima de las negociaciones. Si durante la campaña el no a Mas fue uno de los temas centrales de sus discursos, en estos momentos el foco se ha trasladado al programa.
Un aspecto que será difícil de asumir para Convergència, un partido de orden, asociado a la burguesía catalana y con tradición pactista. Los convergentes proponen una transición hacia la independencia negociada con Madrid, mientras que la CUP le pide «unilateralidad». «No estamos para formar un gobierno autonómico, sino para la construcción de la república», señaló Anna Gabriel, número dos de la formación.
Más pronto que tarde
El punto clave para los dirigentes de la formación anticapitalista está en la ruptura inmediata de la legalidad española. «Este proceso de liberación nacional solo se puede hacer separándonos del marco legal español», señalaron. Esta ruptura debería concretarse a corto plazo desobedeciendo las sentencias del Tribunal Constitucional y algunas de las leyes aprobadas por el Gobierno del PP, como la Lomce o la ‘ley mordaza’. La exigencia de la CUP llega tan lejos, que incluso reclama a Junts pel Sí que este quebranto con la legalidad española debería visualizarse con una declaración institucional de ruptura en el Parlamento catalán «antes de la formación de gobierno y de la elección de presidente». Por tanto, en un plazo de poco menos de un mes.
El otro punto sobre el que gira la propuesta de la CUP es la puesta en marcha de un plan de choque social, cuya aplicación sería «inmediata». La formación anticapitalista propone además la apertura de un proceso constituyente. «Diga lo que diga la legalidad española, la Cámara catalana deberá ser una asamblea constituyente», afirmó Antonio Baños, número uno de la lista por Barcelona. Si hay ruptura, plan de choque social y proceso constituyente, solo entonces la CUP se avendrá a negociar la investidura de Mas. «Esto no va de investir nuevos gobiernos autonómicos ni de negociar nuevos encajes», dijo Josep Manuel Busqueta. «No queremos cargos ni privilegios. Esto no va de cargos ni de nombres. El proceso es colectivo y es plural», dijo. «La CUP actuará con generosidad y altura de miras», añadió.
Según Anna Gabriel, el futuro del país no puede girar en torno a una persona, en referencia a la investidura de Mas. «Fiamos el futuro del país al contenido del programa y no a una persona, no hemos variado la posición que teníamos», dijo.