El Ejecutivo obliga a jueces y fiscales a revisar 370.000 causas en seis meses
Los colectivos judiciales solicitan aplazar la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá.
La entrada en vigor el 7 de diciembre de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la norma que regula el proceso penal en el ordenamiento jurídico, es un asunto innegociable para el Gobierno. Se trata de una de las medidas estrella de la agenda reformista de Mariano Rajoy en materia de Justicia y el «clamor» de la carrera judicial y fiscal para aplazar su puesta en marcha no va a mover ni un milímetro la posición del presidente.
Así se lo transmitió ayer el ministro de Justicia, Rafael Catalá, al gremio de los fiscales, uno de los colectivos afectados por los nuevos requisitos que introduce la reforma: la implantación de los plazos en la instrucción penal, seis meses para los procedimientos sencillos y 18 para los más complejos, en ambos casos prorrogables por el mismo periodo. Unas limitaciones temporales cuya finalidad no es otra que agilizar las investigaciones y, de manera visual, poner coto a las largas y mediáticas ‘macrocausas’.
Catalá ha visto cómo en los últimos días la tormenta de reproches desde todas las asociaciones judiciales y fiscales, de uno y otro signo, ha pasado a categoría de huracán. Y al ministro no le ha quedado más remedio que salir a la palestra para dejar claro que los plazos, estos sí, están para cumplirse y las leyes aprobadas en las Cortes para ponerse en marcha. Pese a que la nueva norma procesal se despliegue apenas dos semanas antes de las elecciones generales del 20 de diciembre. Un corto periodo de tiempo que también ha servido a los colectivos judiciales para pedir su aplazamiento.