Buscan pruebas de que Convergència financió con el 3% actos independentistas

La Unidad Central Operativa (UCO) apunta muy alto en la tercera fase de la Operación Petrum, desatada ayer por la Guardia Civil con la detención de diez personas, entre ellos el tesorero de Convergència y el director de Infraestructuras de la Generalitat. Y lo hace en un momento político especialmente delicado. Los agentes del instituto armado y Anticorrupción buscan evidencias que confirmen sus sospechas de que Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y su Fundació Catalanista i Demòcrata (CatDem) no sólo se financiaron con las mordidas de 3% que pagaban empresas amigas a cambio de adjudicaciones públicas amañadas, sino que tanto CDC como la fundación pudieron usar ese dinero negro también para sufragar actos y campañas de colectivos cercanos en favor de la independencia y de las diferentes iniciativas secesionistas.

Según informaron fuentes de la investigación, la UCO aún no tiene esas pruebas, si bien confía en encontrarlas entre la abundantísima documentación incautada ayer en los 20 registros, entre ellos el de la sede de la formación catalana en la calle Córcega de Barcelona, allanada casi en su totalidad. Hasta allí fue conducido el personaje clave de esta nueva redada, el tesorero de CDC, Andreu Viloca, de quien Anticorrupción cree que podría dirigir toda la trama del 3% y estar al tanto del desvío de parte de las comisiones irregulares a algunos de los colectivos que montaron actos por la independencia.

Sea como fuera, Viloca (acusado por Anticorrupción de cohecho, prevaricación, financiación ilegal de partidos, tráfico de influencias, alteración de precios en concursos y blanqueo) es el origen de esta nueva operación. Mandos del caso explicaron que el 28 de agosto, durante la segunda fase de Petrum, se percataron de que el tesorero había tenido tiempo para destruir diez páginas de documentos en una trituradora que tenía en su despacho de la sede de CDC en el tiempo trascurrido entre que fueron a buscarlo a la sede de Catdem y el que tardaron en encontrarlo en el cuartel general de Convergència. En las últimas semanas, el Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil ha logrado reconstruir casi en su totalidad esos papeles, que, junto a otros documentos encontrados en verano, confirmarían el pago de comisiones por parte de las empresas ayer registradas, entre ellas Urbaser (filial de ACS), Copisa, Rogasa Construcciones, Tec4, el Grupo Soler o la madrileña Oproler. Un dinero, sospechan los investigadores, que llegó a CDC y Catdem pero que, en parte, salió para otras plataformas afines pro secesionistas.

La macroredada, ordenada desde el juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell y coordinada por los fiscales Anticorrupción José Grinda y Fernando Bermejo, se saldó con la detención y registro de los domicilios de seis de los directivos de las compañías que pagaron supuestamente coimas: Jordi Soler (Grupo Soler), Xavier Tauler (Copisa), Antonio García Bragado (Tec 4), José Luis Romero (Rogasa), Josep Manel Bassols (Oproler Barcelona) y Sergio Lerma (Oproler Madrid). A este último, capturado en la capital de España, se le incautaron 200.000 euros en metálico.

Además, los funcionarios de la UCO capturaron a Josep Antoni Rosell, director general de Infraestructuras de la Generalitat y máximo responsable de Gisa, la empresa de la Generalitat que promueve la obra pública autonómica. Esta mercantil, que fue también registrada, es, según los investigadores, el nudo gordiano de esta nueva fase de Petrum, ya que desde allí habrían partido las adjudicaciones amañadas a favor de los empresarios pagadores. Junto a ellos fueron igualmente detenidos dos trabajadores de la sede de Convergència, entre ellos Carlos del Pozo, mano derecha de Viloca, secretario del patronato de Catdem y ex gerente de CDC, y la administrativa Anna Benitez.