El Gobierno responsabiliza a Forcadell si la moción secesionista prospera

El «desafío secesionista», ese concepto abstracto y recurrente en el debate político, tiene desde ayer nombre y apellido, Carme Forcadell. El Ejecutivo ha puesto el foco en la presidenta del Parlamento catalán, a la que señala como responsable de lo que ocurra el próximo lunes en la Cámara autonómica cuando se discuta la moción que aboga por la desconexión de España. De ella depende que se tramite o no, y se tramitará porque así lo acordaron ayer los órganos rectores del Parlament.

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, se aferra al último auto del Tribunal Constitucional y detecta en él una advertencia dirigida, «sin ningún género de duda», a Forcadell, cuyo proceder determinará si el Gobierno se ve obligado o no a recurrir al Tribunal Constitucional para bloquear el siguiente paso del independentismo.

El lunes, los diputados catalanes están convocados a un pleno en el que las fuerzas secesionistas sacarán adelante la resolución con la que pretenden iniciar el camino hacia la república de Cataluña. Aunque el debate no ha sido prohibido, el Constitucional sí estableció que son las «asambleas parlamentarias las que deben velar por que sus decisiones se acomoden, en todo momento, a la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico». Por lo que de ser aprobado el texto que llama a la rebeldía frente al Estado, los magistrados actuarán si lo solicita el Gobierno.

El paso al frente del Ejecutivo se da por descontado. Los servicios jurídicos del Estado tienen prácticamente elaborado el recurso contra la moción secesionista para que la reacción pueda ser inmediata. Sáenz de Santamaría subrayó ayer, de hecho, la «urgencia» con la que Mariano Rajoy actuará una vez que la declaración vea la luz verde.

Es la primera vez que el Gobierno apunta a un responsable directo en el proceso independentista.