La investigación de Hacienda podría llevar a la inhabilitación del diplomático
El escándalo de las comisiones podría no solo costarle la carrera política a Gustavo de Arístegui, sino también su carrera profesional. Hacienda le ha abierto una investigación que podría desembocar en una inhabilitación por diez años, si se confirma, tal y como consta en los documentos entregados a la Fiscalía Anticorrupción por uno de sus ex socios, que el diplomático siguió cobrando comisiones a través de su empresa, después de que fuera nombrado en abril de 2012 embajador en el gigante asiático.
Fuentes del caso explicaron que la Oficina de Conflicto de Intereses, que depende del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, abrió un expediente a Arístegui tan solo horas después de que se hicieran públicas las informaciones de que el diplomático, a través de su empresa Karistia S.L., y el diputado del PP Pedro Gómez de la Serna, a través de su empresa Scardovi había cobrado millonarias comisiones a empresas españolas por conseguir contratos en África y Latinoamérica.
La sospecha de los técnicos de Hacienda es que el diplomático podría haber incurrido en una infracción de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. Esta normativa en su artículo 13 es la que establece de manera tajante que los altos cargos del Estado, entre los que se incluye a los embajadores, tienen «dedicación exclusiva».
Y las pruebas contra Arístegui «aparentemente son contundentes», aunque hay que estudiar todo el expediente, según admiten en la Oficina de Conflicto de Intereses. Pruebas tan serias como el Registro Mercantil. La mercantil Karistia, a la que Scardovi transfería dinero regularmente fruto de las labores de lobby que realizaba la marca internacional Voltar Lassen, sigue siendo controlada al 100% por el diplomático de forma ininterrumpida desde que fuese nombrado administrador único el 20 de julio de 2010.
El político del PP sostiene que cuando tomó posesión al frente de la legación hizo un documento privado ante notario para dejar a su hijo, Borja de Arístegui, como administrador único de la sociedad y que ese cambio no se elevó al registro por haber un embargo de la Seguridad Social.
A todos los efectos legales, pues, Arístegui sigue siendo el único responsable de esa firma, también después de que en abril de 2012 fuera nombrado embajador. Después de esa fecha, según los documentos aportados por el denunciante, Karistia ha seguido cobrando a empresas españolas comisiones o facturas por «labores de asesoramiento».
El embajador sostiene que esos trabajos posteriores a su toma de posesión ya fueron realizados por su hijo, que heredó la consultora. Gustavo de Arístegui tiene ahora quince días para argumentar que ya no está al frente de la firma en sus alegaciones al expediente, que le ha sido remitido.
Si finalmente la Oficina de Conflicto de Intereses confirma que infringió el régimen de incompatibilidades, Hacienda puede sancionarle con penas que van desde una simple amonestación hasta la inhabilitación de cinco a diez años para ocupar altos cargos, además de tener que quedarse sin compensaciones tras su cese. Todo ello, al margen de las responsabilidades penales, si las hubiera.