Diario de León

La juez evita otro macrosumario y divide el fraude de los cursos formativos

Entre ellas se encuentra la referida al Servicio Andaluz de Empleo y otra centrada en el ex consejero Ángel Ojeda .

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C. Cuerdo | Sevilla
León

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Se acabaron las macrocausas con cientos de imputados en el juzgado de instrucción 6 de Sevilla. La juez María Nuñez Bolaños acordó en un auto, tal y como pedía la Fiscalía, la división en piezas separadas del otro gran escándalo judicial que atañe a la Junta de Andalucía, el fraude de los cursos de formación subvencionados por la administración regional. La magistrada propone desgajar de momento nueve piezas, las que ya tienen cierta entidad, con el objetivo de agilizar la instrucción y que los juicios lleguen antes.

Según consta en el auto, fechado el lunes y dado a conocer ayer, la juez —que asumió esta causa con el nuevo reparto de tareas— justifica su decisión en que la tramitación conjunta «lejos de estar al servicio de la agilidad procedimental la invierte, produciendo dilaciones de nada fácil explicación». Por ello, desliga algunas de las piezas para «evitar el automatismo en la acumulación de causas y la creación de las denominadas ‘macrocausas’».

El caso se comenzó a instruir hace año y medio, tras saltar a la luz la investigación que realizaba la Policía Nacional sobre unas supuestas irregularidades en la realización de estos cursos de formación, desde falsificación de listado de alumnados hasta la no realización de los mismos o la creación de empresas ad hoc para recibir unas ayudas que se abonaban en su mayor parte antes de tener que justificarlas.

El caso

La investigación interna de la Junta de Andalucía, abierta de oficio tras la llegada a la presidencia de Susana Díaz, ha llevado a reclamar el reintegro de 71,9 millones de euros por subvenciones concedidas desde 2007 a 2012 en cursos de formación que no han sido justificadas, aunque la Guardia Civil cuestiona el destino de casi la totalidad de las ayudas concedidas por este capítulo en ese periodo, unos 1.300 millones de 1.613 millones de euros.

La pieza más jugosa de las nueve que propone Nuñez es la que se centra en el entramado del exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda, detenido en esta causa y cuyas empresas recibieron en menos de año y medio 33,3 millones de euros para formar trabajadores tras el cierre de la planta de automoción de Delphi en Puerto Real (Cádiz). La juez cree que ambas tramas están conectadas.

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