El juez asegura que la trama del agua se urdió a «muy alto nivel» en Agricultura
Cárcel para cuatro responsables de Acuamed y un empresario que engordaron concursos.
Oficinas de Acuamed en la capital valenciana.
Negro sobre blanco. La trama corrupta gestada durante la última década en la empresa estatal Acuamed (Aguas de las Cuencas Mediterráneas) -y que costó no menos de 20 millones de euros a las arcas públicas- hundió sus raíces en las más altas esferas del Ministerio del Agricultura, quien adjudicó obras por valor de 620 millones a las empresas que pagaban sobornos por conseguir certificaciones con sobrecostes injustificados a todas luces.
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco -en el auto con el que ayer envió a prisión a los cinco máximos responsables de esta red y decretó fianzas para los otros ocho detenidos- sostiene que este grupo, casi de carácter mafioso, logró «pactar» adjudicaciones amañadas con diez de las más importantes constructoras de España con el visto bueno, a «muy alto nivel», desde el Ministerio de Agricultura.
Velasco, a petición de la fiscal, decretó cárcel preventiva para el director general del ente estatal, Arcadio Mateo; la directora de Ingeniería de Acuamed, Gabriela Mañueco, la persona que autorizó los sobrecostes; el ex jefe de proyectos de esa empresa pública en Valencia, Pablo Martín; el responsable de contratación de la compañía, Javier Pastor; y el presidente de Altyum, Nicolás Steegmann.
El instructor acordó prisión eludible con fianza de 12.000 euros para los empresarios y altos cargos de Acuamed: Manuel Moreno Maestre y José Ramón González Fernández; de 20.000 euros para Javier Delgado López, David José Blanca Montero, Miguel Roset Ramos y Santiago Farre Dot; y de 50.000 euros a Justo Vicente Pelegrini y Miguel Jurado Fernández. Todos ellos abonaron las cauciones a última hora de la tarde, quedando en libertad.
Los trece -los cinco encarcelados y los ocho que lograron eludir la prisión- están acusados entre otros delitos de fraude, falsedad en documento público, malversación, cohecho y maquinación para alterar el precio de concursos públicos.
Según el magistrado, las obras hinchadas por esta trama, adjudicadas y ejecutadas entre 2007 y 2014, son: la desaladora de Torrevieja, en Alicante (271 millones); la descontaminación del embalse de Flix, en Tarragona (195 millones); la planta de desalinización Bajo Almanzora, Almería (78 millones); la presa de laminación de la Rambla Gallinera, entre Oliva y l’Atzúbia, en Valencia (43 millones); abastecimiento de agua a Mutxamel y Campello, en Alicante (19 millones); y la construcción de defensas frente a erosiones e inundaciones del Río Serpis, en Gandía, Valencia (casi 15 millones).
Velasco destalla que el director general de Acuamed urdió junto con otras personas «un conjunto de actuaciones dolosas, imperativas, conscientes y queridas para imponer en el seno de Acuamed numerosas irregularidades en contra de los intereses públicos y ciudadanos».