El Gobierno lleva al TC las primeras medidas secesionistas de Puigdemont

La advertencia lanzada por Mariano Rajoy a Carles Puigdemont el mismo día de su investidura, cuando le dijo que no pensaba dejarle pasar ni una sola acción contra la soberanía nacional, se tradujo ayer en hechos.

El Consejo de Ministros ordenó a la Abogacía del Estado recurrir ante el Tribunal Constitucional las funciones de la Consejería de Exteriores y la creación de la comisión parlamentaria de estudio del proceso constituyente. En cambio, el Gobierno central anunció que no impugnará la fórmula utilizada por Carles Puigdemont durante su toma de posesión como presidente de la Generalitat, en la que prometió «fidelidad a la voluntad del pueblo catalán representado en el Parlamento catalán». El Ejecutivo considera que no ha lugar para el recurso tras comprobar que el Estatuto catalán «no establece como condición» que la fórmula de juramento o promesa del cargo incluya a la Constitución y al rey de España.

Desde Junts pel Sí criticaron al Gobierno porque «termina un mandato de la manera más decadente, con tics antidemocráticos y con un ataque frontal al parlamentarismo». «Una vez más, el Gobierno del PP intenta dar una respuesta judicial a lo que son demandas políticas», dijo Jordi Turull. La CUP, por su parte, reclamó a las instituciones catalanas que no reconozcan la legitimidad del Constitucional.