Acuamed, un caso con luz y taquígrafos
La lucha de los funcionarios honestos contra los ‘caciques’ era vox pópuli en Agricultura, pero nadie hizo nada. Hasta siete informes avisaron de que era ilegal pagar a FCC .
Dicen los expertos de la Unidad Central Operativa (UCO) que desde septiembre de 2014 bucean en los papeles de Acuamed que la millonaria trama corrupta de la sociedad estatal es diferente a todo lo que habían conocido antes, sobre todo por su «desfachatez». Dicen que jamás habían visto —ni siquiera oído— de un grupo casi mafioso instalado en lo más profundo de la Administración, con mano en la ‘caja’ de algunas de las obras más importantes del Estado, y que, además de contar con un poder «omnímodo», se movía con total impunidad y «a plena luz del día» ante la pasividad —sino connivencia— de «los más altos responsables» del Ministerio de Agricultura (en palabras del juez Eloy Velasco). Sobre todo de la época de Arias Cañete y García Tejerina. Los especialistas de la UCO confiesan que no tienen explicación alguna de cómo la trama que dirigían el director general de Acuamed, Arcadio Mateo del Puerto, y la directora de Ingeniería y Construcción del ente, María Gabriela Mañueco, no saltó antes, cuando en el ministerio era vox pópuli que ambos, cual «césares romanos», decidían sobre la vida o muerte (laboral) de los técnicos «honestos», que trataron de denunciar que los amaños de los dos directivos con las constructoras estaban provocando un quebranto económico de «decenas de millones de euros» a las arcas públicas y que probablemente todo aquello era un asunto de corrupción.