La incertidumbre institucional se ahonda con la investidura fallida
No es parálisis porque la administración funciona, pero el Gobierno trabaja desde las elecciones del 20 de diciembre al ralentí. Está en funciones y circunscribe su actividad al «despacho ordinario de asuntos públicos», según reza la ley. Ni toma decisiones políticas ni pone en marcha proyectos ni impulsa la actividad legislativa. Una situación de incertidumbre institucional que se verá acrecentada tras la investidura fallida de Pedro Sánchez, que prorroga sin fecha de vencimiento la interinidad del Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Un ministro se quejaba hace unos días de que casi su única actividad era «hacer inauguraciones». Como él está el resto del Gobierno. Sus agendas son grandes espacios en blanco; la de Mariano Rajoy para la semana que viene, por ejemplo, sólo incluye un viaje a Bruselas y el obligado Consejo de Ministros. Otro, el hiperactivo titular de Exteriores, José Manuel García-Margallo, restringe su actividad pública a recibir el lunes a su homóloga colombiana y después al Consejo Judío Americano. De director general para arriba todo el mundo está a la espera del desenlace político de la diabólica correlación de fuerzas políticas surgida tras las elecciones. Hasta entonces, todo es protocolario y nada ejecutivo.
Los Consejos de Ministros desde hace dos meses y medio son un erial, y si no fuera por las decisiones jurídicas contra los pasos que da el Gobierno de Cataluña en su reto independentista carecerían casi de contenido. El Ejecutivo se ve limitado a dar el visto bueno a las cuestiones administrativas. Por no haber, no hay el clásico intercambio de información tras unas elecciones con los integrantes del equipo gubernamental entrante porque, como es evidente, no hay tal.
Una situación que ya dura dos meses y medio y que puede extenderse hasta mayo, si es que algún candidato consigue ser investido en estos dos meses, hasta septiembre, si se convocan nuevas elecciones y su resultado es más clarificador y permite formar Gobierno en un par de meses, o hasta no se sabe cuándo si en los comicios del 26 de junio se repiten los números del 20 de diciembre y la situación es tan compleja como ahora. No es algo inédito porque Bélgica tuvo un Gobierno en funciones durante 541 días.
Esta pasividad política gubernamental no es un capricho, es un imperativo porque la ley establece tras los comicios se interrumpe «la relación de confianza» que habilita al Ejecutivo para «ejercer» la dirección política del país.