Las posturas de Gobierno y Congreso obligan al Constitucional a mediar
Mariano Rajoy se niega a comparecer en la Cámara baja estando en funciones .
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. MARISCAL
nuria vega | madrid
El Gobierno y el Congreso se enrocaron ayer en sus posiciones de partida. Mientras la Cámara baja acumula peticiones para que comparezcan Mariano Rajoy y sus ministros, en La Moncloa han decidido plantarse ante cualquier intento de control político a un Ejecutivo en funciones. «El Parlamento no siempre tiene razón en todo lo que hace», esgrimió el presidente desde Bruselas. Y enquistado el conflicto, a la pregunta de «¿qué punto intermedio hay?», Patxi López sólo halló una respuesta: que medie el Tribunal Constitucional.
De poco sirvió el encuentro que mantuvieron a media mañana el presidente del Congreso y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón. En el despacho de López, ninguna de las partes ofreció una propuesta de solución que pudiera ser aceptada por todos. Pese a la promesa de que la Mesa de la Cámara se compromete a calificar sólo aquellas iniciativas que se ajusten a las tareas que tiene atribuidas el Gobierno en este periodo transitorio, el Ejecutivo sigue detectando una intencionalidad política en la insistencia de los grupos de convocar incluso una sesión de control.
«Se decide que abril sea el mes de la oposición al PP», denunció la vicepresidenta en la rueda de prensa habitual tras el Consejo de Ministros. Soraya Sáenz de Santamaría se esforzó en trasladar su malestar centrado, principalmente, en López por «secundar», a su entender, la estrategia del PSOE. Los populares no han dado tregua al presidente del Congreso desde la constitución de las Cortes el 13 de enero. Pero el hecho de que este urgiera al Gobierno a evitar un conflicto «grave» con el Parlamento, sólo ha contribuido a recrudecer las discrepancias. «La Cámara somos todos, incluidos los 123 diputados del PP», le recordó ayer la número dos de Rajoy.
Sáenz de Santamaría instó, además, a las fuerzas políticas a emplear el mes y medio que resta hasta el 2 de mayo en buscar un acuerdo que permita la formación del Gobierno antes de que se disuelvan las Cortes. En realidad, apremió a posibilitar el pacto que propone Rajoy a PSOE y Ciudadanos para que los populares sigan gobernando, aunque el presidente ha pospuesto hasta después de la Semana Santa su llamada pendiente al secretario general de los socialistas. «Abril debía ser el mes conciliador», defendió tras negarse a que al PP se le «ejerza la oposición miércoles tras miércoles» mientras Pedro Sánchez intenta que el partido griego Syriza convenza a Podemos de la necesidad de un Ejecutivo socialista.
Fuentes gubernamentales justifican su resistencia a «desfilar» por el Congreso. Intuyen que la intención del resto de partidos es escenificar el «todos contra el PP» y desgastar a los populares en un tiempo que, de no fraguarse el pacto que impida nuevas elecciones, sería de precampaña electoral. De ahí que en La Moncloa se descarte que el presidente del Gobierno vaya a aceptar acudir al hemiciclo para dar cuenta del acuerdo sobre la acogida de refugiados alcanzado en el Consejo Europeo.
El propio Rajoy amagó con decidir por su cuenta y riesgo, y dio a entender que sobre los asuntos comunitarios podría volver a informar en la Cámara el secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Eguidazu.
Ni PSOE ni Ciudadanos ni Podemos aceptarán, sin embargo, esa resolución. Los tres partidos han comunicado su determinación a que en el próximo pleno se acuerde plantear un «conflicto de atribuciones» ante el Constitucional para que dirima el «choque institucional» y siente jurisprudencia sobre cómo actuar en el futuro ante periodos tan prologados de Gobierno en funciones. Esa expectativa no disgusta a ministros como Jorge Fernández Díaz, partidario de escuchar a los magistrados. El Ejecutivo teme que los grupos sigan «haciendo ruido».