Los trece años de «dispendios» de la Diputación de Lugo
Facturas de 67.000 euros por un pleito o un restaurante que recibió 193.000 en siete años.
Mateo Balín | Madrdi
La trabajadora de la Diputación de Lugo Carmen G. L facturó 38.407 euros a la institución provincial en gastos odontológicos, oftalmológicos y en tratamientos de medicina alternativa para sus hijos entre 2003 y 2013. En ese mismo periodo, la funcionaria María Dolores L. G. gastó 15.523 euros en concepto de ayuda médica para ella y sus hijos: dentista y adquisición de gafas graduadas y lentillas. Solo en 2012, el encargado de la portería de la diputación, José R. P., pasó 8.879 euros en dentista y la compra de una montura para unas gafas.
En 2006, el administrativo Manuel G. A. facturó 10.000 euros al erario público en concepto de campamentos para hijos de personal funcionario y laboral de la corporación. En 2009, las cuentas registraron gastos de María Carmen M. L., también administrativa, por 67.045 euros en concepto de honorarios para un despacho de abogados de Madrid debido a un pleito. Un año antes, el tesorero José F. F. recibió 12.173 euros en concepto de prestaciones sociales de ayuda familiar para jubilados. Unas retribuciones que en el caso de otro tesorero, José P. G., ascendieron a 81.212 euros entre 2003 y 2010, sin que se sepa si fue él el receptor final u otros funcionarios.
Estos son algunos ejemplos de los gastos que la Diputación de Lugo ha venido sufragando durante el periodo 2003-2015. Unos «cuantiosos gastos de dudosa legalidad» reflejados en su contabilidad. Se trata de cerca de 4,2 millones de euros cargados a las siguientes aplicaciones presupuestarias: prestaciones sociales, gastos sociales de funcionarios y personal no laboral y gastos sociales de personal laboral.
La documentación ha sido remitida por la institucional a la juez Pilar de Lara dentro del sumario de la operación Pulpo, que investiga delitos de malversación continuada de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, fraude de subvenciones o a la administración pública.
La institución justifica estos pagos, realizados durante las etapas de Francisco Cacharro Pardo (PP) y José Ramón Gómez Besteiro (PSOE), en un acuerdo marco único firmado en su origen para gastos del personal funcionario.